Diputación asesorará a las mujeres rurales sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias
La institución lanza una campaña para dar a conocer los derechos y beneficios que asisten a las mujeres que comparten el trabajo con sus parejas
La Diputación de Granada, a través del área de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, ha puesto en marcha hoy la campaña “Si compartimos trabajo, compartamos los derechos”, para difundir la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. La iniciativa comienza hoy y se extenderá hasta el 20 de marzo en los medios online y off-line.
La campaña ha sido presentada hoy por la diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, quien ha explicado que se han detectado problemas asociados a la mayor implementación de esta ley como “la complejidad de los trámites de inscripción, y la escasa difusión de la titularidad compartida y sus incentivos para las potenciales destinatarias”.
En este sentido, con el objetivo de minimizar estos problemas, la institución lanza esta campaña que pretende aumentar el conocimiento de la ley, acercarla a la población y esclarecer la complejidad de los trámites. De esta forma, “se posibilita que las mujeres de la provincia se acerquen a la inscripción final en el registro de titularidad compartida de la Junta de Andalucía”, ha precisado la diputada.
Sobre la campaña, Garzón ha comentado que se desarrollará en medios de comunicación y redes sociales, además del envío directo a ayuntamientos y personas físicas y jurídicas. “Hemos optado por trabajar desde el inicio en una imagen y difusión unitaria de la titularidad compartida para sensibilizar, visibilizar y difundir esta posibilidad entre las mujeres del medio rural como base principal para iniciar un proceso de acercamiento a esta opción”, ha destacado la diputada.
Junto a esta campaña, se realizan acciones de formación en relación a la titularidad compartida dirigidas a actores relevantes implicados con mujeres en el medio rural de la provincia de Granada y las propias mujeres interesadas en esta figura. Según ha señalado Garzón, dichas acciones formativas, que se titulan “Entender la titularidad compartida: ventajas repartidas”, están orientadas a dar a conocer la ley, guiar a sus participantes en el proceso de inscripción y ofrecer una herramienta al alcance de las mujeres, que pueden utilizarla como beneficio para su empoderamiento en el medio rural.
Finalmente, este proyecto se ha asociado a la búsqueda de experiencias que se materialicen en la inscripción en el registro de titularidad compartida de la Junta de Andalucía mediante un acompañamiento a las mujeres para ello durante el año 2023.
De forma concreta, la diputada se ha referido a que para esta fase “se ha ofertado el contacto directo, desde la institución, para un seguimiento personalizado basado en el cuidado de las mujeres en este caso, y que se inicia con la fase de difusión y sensibilización creada en esta línea”.
Unidad económica
La explotación agraria de titularidad compartida (ETC) es una unidad económica, sin personalidad jurídica, pero con efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio, pareja de hecho o personas con una relación análoga de efectividad, para la gestión conjunta de una explotación agraria.
Su constitución no altera el régimen jurídico de los bienes y derechos, aunque las dos personas titulares pueden ejercer la representación, gestión y administración de la explotación agraria en igualdad de condiciones y a todos los efectos.
Los rendimientos generados por la explotación se reparten al 50% entre ambas personas titulares de la explotación agraria de titularidad compartidas y todas las subvenciones, ayudas directas y ayudas de desarrollo rural corresponderán por mitades iguales a ambas personas que cuentan con dicha titularidad. Es decir, ambas personas serán beneficiarias directas de ayudas y cuentan con el acceso a bonificaciones y deducciones en las cuotas a la seguridad social.
Para materializar la titularidad compartida es necesaria la inscripción en los Registros Autonómicos.
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