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La Diputación propone un protocolo para proteger El Carrizal

  • Tras la polémica por las obras que se están realizando en el barranco de Órgiva

La Diputación propone un protocolo para proteger El Carrizal La Diputación propone un protocolo para proteger El Carrizal

La Diputación propone un protocolo para proteger El Carrizal / G. H.

La Diputación de Granada ha enviado una propuesta al Ayuntamiento de Órgiva (donde se ubican las fosas de El Carrizal), la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España en la que plantea un protocolo de actuación para proteger las fosas de víctimas de la represión franquista que existen en la provincia.

La diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha subrayado, en referencia a los recientes movimientos de tierra con maquinaria pesada que un particular está llevando a cabo en el barranco de El Carrizal, la importancia de que lo sucedido en el barranco de El Carrizal “no se vuelva a repetir”. “Es evidente que si no actuamos, lo que ha pasado allí puede suceder en cualquier punto de la provincia, porque hay más fosas que están registradas y señaladas en el mapa de fosas de la Junta de Andalucía”.

Para la diputada, “esa confrontación de intereses entre lo privado y los derechos de los familiares de las víctimas debe hacernos pensar en encontrar una fórmula, un protocolo que nos ayude a actuar de forma rigurosa”.

Además, según ha explicado, lo primero para empezar a trabajar ese procedimiento, sería lograr una geolocalización exacta de cada una de las fosas de la provincia de Granada: “Para que no haya dudas de los lugares en los que se puede trabajar”. Por, eso la Diputación “tiende la mano al resto de las administraciones”, porque esto redundará “en beneficio de todos y todas y resolvería este tipo de conflictos de intereses, con los propietarios, por un lado, que tienen sus derechos, y las víctimas y sus familiares, que tienen los suyos”.

El escrito hace alusión “a la especial sensibilidad que se deriva de una actuación sin las garantías y salvaguardia precisas de derechos particulares y colectivos”.

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