La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba (PP), ha mostrado su gran preocupación por las importantes consecuencias económicas que está teniendo para el Ayuntamiento de Las Gabias la gestión urbanística realizada por los gobiernos del Partidos Socialista en anteriores mandatos y cuya repercusión está sufriendo la ciudad con sentencias condenatorias que producen un enorme desgaste del erario público. Es por ello que Sádaba ha querido denunciar públicamente esta gestión anterior en una comparecencia ante los medios de comunicación “porque los ciudadanos de Las Gabias deben conocer estos hechos que nos afectan a todos”.

Así, la alcaldesa ha explicado que “la gestión socialista en materia de urbanismo ha sido caótico, con un incumplimiento constante y continuo de la normativa urbanística, que en la mayoría de los casos se encuentran prescritos consolidando las barbaridades de infracciones cometidas. Puedo citar como ejemplo modificaciones de planes parciales aprobados con informes desfavorables, que fueron anulados por el TSJA, y sobre los que se estuvieron otorgando licencias con las condiciones urbanísticas de esos planes anulados durante más de una década. Así se hizo en el caso del Plan Parcial Campo de Golf y en el Plan Parcial Pedro Verde. O el caso de planes parciales de hace más de 40 años donde las zonas verdes y equipamientos públicos aparecen a nombre de particulares”.

La primera edil ha adelantado que todos estos problemas se van a solucionar con la redacción de un plan de ordenación urbana que se va a encargar en los próximos meses y “con un plan general de ordenación municipal que contemple el desarrollo del municipio para los próximos 50 años”. Y es que, como ha recordado la alcaldesa, el Ayuntamiento de Las Gabias aún no dispone de un instrumento de planeamiento “ya que cuando intentaron en el pasado ponerlo en marcha, lo que hicieron fue generar una situación de ruina en las arcas municipales que lleva años lastrando la economía municipal”.

“Los socialistas vendieron humo a los propietarios de suelo -ha añadido Meri Sádaba-, engañaron a inversores para que compraran terrenos donde iba a existir un cambio en la clasificación del suelo donde supuestamente se iba a permitir edificar y todo con un afán recaudatorio, ya que el Potaug (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada) limitaba la superficie que se podía incrementar a suelo edificable. Pero ellos firmaron convenios urbanísticos con los propietarios de esos suelos para recaudar dinero. Fueron ingresos que llegaron a las arcas municipales, pero sobre los que no existía un control del gasto, por lo que no se puede determinar a qué se destinó ese dinero”.

Las consecuencias de esta gestión “están lastrando la economía municipal ya que, al no haber cumplido desde el Ayuntamiento con esos convenios, los que pagaron por aquellos engaños ahora están pidiendo la devolución del dinero que ingresaron en las arcas municipales”, ha dicho Meri Sádaba, quien ha incidido en que “hay ya sentencias millonarias que engloban los ingresos que se hicieron en aquellos años más los intereses legales, por las  que en el mandato anterior ya tuvimos que asumir el pago de casi tres millones de euros”.

Sentencias pendientes

La preocupación en la alcaldesa es manifiesta ahora porque “hay sentencias que están pendientes de recibirse, como la del Plan Parcial 7, donde vendieron los aprovechamientos a cambio de 2 millones de euros, o la correspondiente a los terrenos donde se construyó la piscina y el gimnasio municipal y por la que se reclama 1,6 millones de euros por no haber dado cumplimiento al convenio que se firmó para adquirir el suelo”.

“Para que los ciudadanos se hagan una idea: a día de hoy, la valoración de este tipo de suelo, según los técnicos municipales, es de 40 euros/metro aproximadamente, y si la sentencia fuese favorable a los propietarios que suscribieron el convenio estaríamos pagando a 338 euros el metro de suelo, o sea, mucho más que por un solar en pleno centro de la ciudad”, ha relatado la máxima responsable municipal, quien ha dicho que cree que “los vecinos de Las Gabias tienen derecho a conocer qué se hizo en el pasado con la economía municipal y qué estamos haciendo para poner remedio a una pésima gestión que limita el presupuesto municipal y que lastra la economía de un municipio que está en pleno desarrollo”.

No obstante, la alcaldesa ha mostrado de forma muy clara “mi compromiso con mis vecinos. Vine a poner orden en las cuentas públicas y a hacer de Las Gabias la mejor ciudad para vivir y seguiré trabajando para conseguir ser la ciudad que desde hace años debíamos haber sido. Esas numerosas sentencias por la pésima gestión heredada de los socialistas no van a hipotecar el futuro de nuestra ciudad, como demuestra la situación de deuda cero en la que nos encontramos tras haber cancelado los dos millones de deuda con bancos en nuestro primer mandato. Con muchos esfuerzos conseguiremos sanear las cuentas públicas, dotar de una estructura presupuestaria acorde a la ciudad de somos y construiremos la ciudad que queremos sin dejar atrás ni un solo proyecto de los que nos comprometimos con todos nuestros vecinos”.