Izquierda Unida ha denunciado al gobierno municipal de Otura por presuntas prácticas de tráfico de influencias y nepotismo, así como posibles delitos de prevaricación y cohecho ante las recientes decisiones del gobierno municipal de privatizar la gestión del Centro de Día y la Ayuda a Domicilio. Argumentan también que las acciones del PSOE contradicen sus principios ideológicos. 

Según las declaraciones de Izquierda Unida, la privatización de los mencionados servicios públicos no solo obedece a razones políticas y de gestión, sino que también se ha señalado la presunta influencia de intereses personales en estas decisiones, el hermano de la concejala de Bienestar Social ha sido contratado como conductor por la empresa que gestiona el Centro de Día, y una edil del equipo de gobierno trabaja como auxiliar de Ayuda a Domicilio para la misma empresa, pero en otro municipio.

IU de Otura ya se opuso en septiembre a la externalización de estos servicios, alegando que suponía una pérdida de calidad para los usuarios y de derechos laborales para las trabajadoras. Además, criticó la "incapacidad y desidia" del PSOE para gestionar unos servicios municipales "de primera necesidad para nuestros mayores". Estas acusaciones, de ser fundamentadas, podrían desencadenar posibles acciones legales y poner en entredicho la legitimidad de las decisiones del gobierno municipal.

Este caso se suma a otros precedentes en los que el PSOE de Otura ha sido señalado por presuntas prácticas de tráfico de influencias.

La posición de la Izquierda Unida de Otura es clara: condenan cualquier forma de tráfico de influencias y se comprometen a llevar estas acusaciones ante las instancias judiciales pertinentes. Además, la coalición de izquierda critica la aparente inconsistencia entre las prácticas del PSOE y sus valores ideológicos, acusando al partido de seguir políticas que contradicen su discurso oficial.

Izquierda Unida solicita una auditoría de los contratos, así como la clarificación de las relaciones laborales de familiares del equipo de gobierno, con las empresas adjudicatarias.