La Junta trabaja en la conexión de la autovía del Almanzora con la provincia de Granada
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Fomento licitará en el primer semestre de este año el proyecto constructivo para dar continuidad a este eje viario
Los trabajos del tramo que conectará la Autovía del Almanzora con la Autovía del Mediterráneo se encuentran ejecutados en un 70%
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está redactando el estudio de viabilidad de la conexión de la autovía del Almanzora (A-334) con Baza, unos trabajos que dan continuidad a una infraestructura que el Gobierno andaluz ha reactivado desde 2019 con una inversión de 50 millones de euros.
Esta inversión permitirá que este mismo año se pueda poner en servicio el tramo que conectará la comarca del mármol con la Autovía del Mediterráneo (A-7), que actualmente se encuentra al 70% de ejecución. El estudio de viabilidad fijará una solución efectiva a la carretera en su trazado hasta Baza con datos actualizados del tráfico. Este estudio, además, tendrá diseñado una tramificación de las obras que permita una programación económica y la redacción de los correspondientes proyectos de construcción.
Una vez esté terminado el estudio, está previsto que en este primer semestre del año se licite la redacción del proyecto constructivo del primero de los tramos que dará continuidad a este eje viario.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha señalado que el actual Gobierno andaluz "rescató una infraestructura para poner fin a los numerosos escollos, retrasos y paralizaciones que ha sufrido desde que se iniciaron las obras hace más de 20 años, que han perjudicado a los vecinos y al sector empresarial de la comarca del mármol".
"Nada más llegar a la Junta de Andalucía fijamos un cronograma y unos compromisos claros: acabar con tantos años de espera y propiciar la conexión directa con la A-7, una de las principales razones de ser de la Autovía del Almanzora", ha manifestado. Esas pretensiones se han traducido en la ejecución de los tramos que aún quedaban pendientes: Concepción-El Cucador, finalizada en octubre de 2021, y El Cucador-A-7, que está en obras desde verano de 2021 y concluirá este mismo año.
Carazo ha indicado que, una vez que se aproxima la fecha de finalización tras una inversión de 50 millones de euros, se está trabajando en "dar continuidad a este eje viario en dirección a la provincia de Granada". Una vez concluyan las obras actualmente en ejecución, la Autovía del Almanzora tendrá conexión directa con la Red Transeuropea, una de las mayores demandadas del sector productivo del Valle del Almanzora.
El tramo en ejecución, de 3,6 kilómetros, se adjudicó a finales de julio de 2021 a la UTE formada por las constructoras San José, Eiffage y Pérez Jiménez por 24 millones de euros. A lo largo del trazado, se contempla la construcción de dos nuevos enlaces, al inicio y al final del tramo. El trazado salva a su paso el Barranco del Muerto mediante un viaducto de 45 metros.
La autovía del Almanzora se ideó en el año 1986, cuando se incluyó su recorrido en la elaboración del Plan General de Carreteras de Andalucía como un tramo de conexión de la autovía del Mediterráneo con la autovía Sevilla-Granada, aunque sin inversiones concretas en varios tramos ni previsión temporal. No fue hasta el año 2005 cuando se puso la primera piedra de esta infraestructuras que se incluyó en los sucesivos planes de infraestructuras con el compromiso de su finalización. Lejos de finalizar las obras, la Junta de Andalucía incluyó la Autovía del Almanzora dentro de su plan de ajuste para reducir el déficit público en 2010.
En marzo de 2012 se firmó el contrato, mediante colaboración público privada, para la construcción, conservación y explotación del tramo entre Purchena y la A-7. El contrato incluía la conservación durante 30 años desde el inicio de las obras de todos los tramos entre Purchena y la A-7, los ya puestos en servicio y los que estaban entonces en fase de obra adjudicada a otras empresas. Años después, en 2018, el anterior Gobierno socialista tomó la decisión política de resolver el contrato, que supuso una indemnización de 16,6 millones de euros.
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