Agentes de la Policía Nacional, en colaboración de la Inspección de Trabajo, han detenido a seis empresarios de establecimientos de Granada, Motril y Salobreña en los que se explotaba laboralmente a ciudadanos de Paquistán y Bangladés, ya que los gerentes de los negocios  tenían presuntamente contratados de manera ilegal a dichos ciudadanos, con una condiciones abusivas y sin estar registrados ni de alta en la Seguridad Social. 

Las investigaciones comenzaron a raíz de una información recibida de la Oficina de Extranjeros de Granadasobre una serie de irregularidades en la contratación de ciudadanos extranjeros de nacionalidades paquistaní y bangladesí, momento en el que los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada iniciaron la investigación de la Operación Kebabs la cual se ha desarrollado durante los meses de mayo y junio y llevado a cabo en dos fases, la primera de ellas en torno a kebabs situados en el distrito Centro de la ciudad y otra en Motril y Salobreña.

Según los datos recibidos, los empleados podrían encontrarse trabajando de manera ilegal por encontrarse también en situación irregular en el territorio español, sin estar registrados ni dados de alta en la SeguridadSocial, sin la oportuna autorización de residencia y trabajo y por tanto desamparados, vulnerando sus derechos más esenciales.

Durante el mes de junio, los agentes de la Policía Nacional con la colaboración de la Inspección de Trabajo, inspeccionaron cuatro locales de comida tipo kebab situados en el distrito Centro de Granada donde fueronidentificadas 11 personas de origen paquistaní y bangladesí, varios de ellos en situación irregular, sin autorización de residencia y trabajo.

Posteriormente se realizaron otras dos inspecciones en la costa de Granada, en Motril y Salobreña, donde se identificaron siete varones de origen paquistaní, bangladesí y marroquí. En todos los restaurantes habíatrabajadores en situación irregular algunos de los cuales mostraron tarjetas de residencia de otros compatriotas que sí se encontraban en situación regular y de alta en la Seguridad Social.

Los responsables de los locales investigados se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad y necesidad en la que se encontraban al no tener documentación y encontrarse en situación irregular y desconocer el idioma, no estando en su mayoría dados de alta en la seguridad social, careciendo de contrato laboral y recibiendo contraprestaciones irrisorias por sus jornadas de trabajo.

Las seis personas detenidas pueden enfrentarse, además de a la responsabilidad penal, a sanciones de multa desde 10.001 hasta 100.000 euros o a la expulsión del territorio nacional por considerarse infracciones muy graves.