Provincia

Movilizaciones en la ayuda a domicilio de Motril y Armilla

  • En la Costa, 60 trabajadoras no cobran desde septiembre. La empresa armillera no ha conseguido acuerdo en el Sercla. Clece despide a 200 empleadas del Isfas.

El sector de la Ayuda a Domicilio en la provincia no pasa por su mejor momento, pues hay conflictos en distintos puntos de la provincia como Motril, Armilla y la capital. En la Costa, trabajadores de la empresa Claros SCA, encargada de prestar este servicio en Motril, han denunciado el retraso de tres meses en el pago de las nóminas a la plantilla, de lo que responsabilizan a la propia empresa y a la falta de pago a ésta por parte del Ayuntamiento. El sindicato UGT aseguró que se está estudiando interponer una denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo y se prepara un calendario de movilizaciones, aunque el Consistorio asegura que está cumpliendo con el plan de pagos acordado.

Noemí Kandary, representante de UGT y miembro del Comité de Empresa de Claros, aseguró que las 60 trabajadoras de la empresa llevan sin percibir sus nóminas desde el mes de septiembre y que las irregularidades "comenzaron hace varios meses sufriendo retrasos habituales en el pago de las nóminas, que se han ido agravando hasta llegar a la situación actual de impago total". La representante sindical señaló que "a pesar de llevar soportando durante ya más de tres meses la morosidad de la empresa y del Ayuntamiento", las trabajadoras "siguen cubriendo todos y cada uno de los servicios de ayuda a domicilio" a las personas dependientes de Motril.

Ante una situación que calificó de "insostenible", Kandary aseveró que los representantes de las trabajadoras de Claros están estudiando interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo mientras que "se está preparando un calendario de movilizaciones si las afectadas no cobran de inmediato los salarios que se les deben". Por último, consideró "intolerable que el Ayuntamiento de Motril, con su morosidad, provoque esta situación en un servicio social fundamental del cual es responsable, en perjuicio tanto de trabajadoras como de usuarios".

Por su parte, la concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Motril, Ángeles López, afirmó que están cumpliendo con la empresa según el plan de pagos establecido, consistente en el sistema de confirming, según el cual "el acreedor tiene la posibilidad de cobrar antes del vencimiento del plazo, que en este caso sería para el primer cobro en julio". Así, manifestó que este mismo mes se abonará "una importante suma de lo que se adeuda a la empresa Claros". La edil aseveró que "el Ayuntamiento está haciendo sus pagos en tiempo, incluso adelantando importantes sumas de dinero seis meses antes del vencimiento del primer plazo".

En el Área Metropolitana el problema se vive en Armilla. El sindicato UGT ha convocado dos paros parciales en la empresa responsable del servicio de ayuda a domicilio en la localidad, Armisad, el lunes 9 de enero y el jueves 12, de 12:00 a 13:00 horas, después de que haya concluido sin avenencia el encuentro programado en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) previo a la huelga. Manuela Hortelano, delegada de UGT en dicha empresa, asegura que aunque las ochenta trabajadoras de Armisad ya han cobrado uno de los tres meses de salario que les debían, los paros siguen adelante por considerar que están pagando la falta de previsión y financiación de la empresa. La representante de UGT ha aclarado que el Ayuntamiento de Armilla está al corriente de pago con Armisad, a la que abona el servicio cada 60 días, tal y como establece la normativa aplicable, y que es la empresa la que se espera a abonar los salarios.

Hortelano ha dicho no entender cómo una empresa como Armisad, que factura más de un millón de euros al año, "no busca una forma de financiación alternativa a los pagos del Ayuntamiento", como una póliza de crédito con alguna entidad bancaria, "que asegure que las 80 trabajadoras cobren su salario todos los meses".

Por otra parte, el sindicato de Sanidad de CCOO de Granada ha explicado en un comunicado que la empresa Clece, responsable del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía a usuarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), dependiente del Ministerio de Defensa, ha comunicado el despido "arbitrario e injusto" de más de 200 personas en la provincia de Granada (alrededor de 500 en toda Andalucía) a partir de enero de 2011. Isfas alega que tras la ausencia de empresas en el concurso de renovación, la empresa ha decidido sustituir esta asistencia por la asignación de prestaciones económicas a cada uno de sus asociados que, hasta el momento, recibían el citado servicio.

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