La sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimando la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, de forma que se declara nula la resolución de 27 de marzo de 2014 que otorgaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, promovido entonces por Emed Tartessus, actual Atalaya Riotinto Minera, hizo tambalear ayer los cimientos de la Cuenca Minera de Riotinto. El estupor y el desasosiego reinan en la comarca a pesar de los mensajes de tranquilidad lanzados desde las administraciones regional y local, y la propia empresa.

Según recoge la resolución judicial, a la que ha tenido acceso esta redacción, el alto tribunal andaluz estima en parte el recurso interpuesto por la organización conservacionista pero no cuestiona el procedimiento técnico realizado por la empresa minera.

La intención del Gobierno es garantizar que la actividad se adapte a la normativa

Es más, valora toda la numerosa documentación presentada en tiempo y forma, pero sí cuestiona la falta de atención en la participación e información de lo dispuesto en el Decreto 356/2010 subrayando que, "la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante, de manera que si no se somete a información, ni participación se desatienden ambos principios".

Aún así, Ecologistas en Acción celebró ayer la resolución de esta sentencia, puesto que, "implica que, hoy por hoy, tras la anulación de la AAU, la explotación minera no contaría con el permiso ambiental necesario para seguir operando con lo que se evita un riesgo que podría haber tenido consecuencias catastróficas equivalentes a las que se han sufrido en el pasado", según la organización conservacionista.

Por su parte, la empresa minera, que mostró ayer su disposición a, una vez valorada en detalle la sentencia, poner en marcha las opciones legales que correspondan, y aseguró que "la sentencia alude a cuestiones formales de carácter administrativo en determinadas partes del procedimiento de aprobación de la AAU, que desde la perspectiva de Atalaya no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía. Es más la sentencia descarta la nulidad de pleno derecho".

A la vista de la abundante documentación entregada en su momento, Atalaya afirma que, "en ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales que está desarrollando Atalaya, en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes en materia minera y ambiental incluyendo la AAU. Y mucho menos la que tiene que ver con la seguridad de las instalaciones de gestión de estériles: las presas de estériles de Riotinto se encuentran en perfecto estado y presentan un riesgo cero de fallo o accidente. Así lo atestiguan tanto los datos que posee Atalaya, como las múltiples revisiones y auditorías a las que se someten de manera continua por parte de consultoras especialistas independientes y Administraciones competentes".

La Junta de Andalucía también anunció ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo tras el estudio preliminar de la sentencia que, según la Administración regional, apunta a una cuestión de forma en el procedimiento del otorgamiento de la autorización ambiental, pero "no pone en cuestión las disposiciones de caución contenidas en la misma".

Por este motivo, desde la Junta han lanzado un mensaje de tranquilidad a la comarca de la Cuenca Minera, ya que la intención del Gobierno andaluz es "seguir garantizando que la actividad extractiva desarrollada se adapte con rigor a la normativa ambiental y la actividad minera sea compatible con el respeto al medio ambiente".