El arreglo del Camino de Padules, en Güéjar Sierra, se ajustó a la legalidad, según la sentencia firme del TSJA, que da la razón al consistorio güejareño por una actuación por la que fue sancionado por la Junta de Andalucía en 2018, según ha informado el Ayuntamiento. La justicia avala así el trabajo de la localidad serrana en la vía y que generó un embargo de casi 103.000 euros de las arcas municipales por multa de la Consejería de Medio Ambiente, una sanción calificada como "desproporcionada" por el fallo del Alto Tribunal andaluz. 

La actuación sancionada se enmarcaba dentro de las tareas habituales de mantenimiento que el consistorio desarrolla en su extensa red de caminos rurales, consistentes principalmente en el relleno y compactación del firme de cara a las campañas agrícolas de recolecta de la cereza. "Nos multaron por ejercer una actividad de extracción de material que no se produjo ya que lo único que se llevó a cabo fue rasantear el camino, como cada año se hace en la época invernal", ha explicado el alcalde José Antonio Robles, quien ha recordado que los trabajos no requerían de ninguna autorización ni licencia.

A juicio del primer edil, la sentencia vuelve a poner de manifiesto “la persecución política” emprendida en aquellos años por el entonces Gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Actuaciones desproporcionadas en detrimento de los vecinos del municipio, quienes han sido castigados por un partido que utilizaba la administración autonómica con fines partidistas y electorales. Robles ha lamentado que está sanción económica continuara su curso por una mera decisión política aun existiendo un informe de la propia Junta de Andalucía que indica que el daño producido es mínimo, fácil de revertir y considera que no es necesaria su restauración.

Es por ello, que el alcalde ha instado al PSOE y a la promotora de esta actuación ilegal, la hoy diputada en el Congreso y anterior delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Oria, que pidan disculpas a los güejareños por el castigo al que los sometieron en el año 2018 y que tuvo repercusiones directas en inversiones destinadas a la mejora de los servicios y ampliación de la oferta turística y municipal. 

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que la multa derivó en el embargo de parte de los ingresos por la participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), además de situar al Ayuntamiento en una situación de morosidad que impedía acceder a la convocatoria pública de subvenciones al no estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Sería el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Granada el que obligara a la Junta de Andalucía a la devolución del importe tras dictaminar a favor de las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento, revertiendo la situación mientras no se dictara sentencia firme.

Por último, el alcalde ha agradecido al Gobierno del cambio presidido por Juanma Moreno la objetiva forma de actuar no recurriendo esta denuncia basándose en los informes técnicos en los que se refleja la carencia de argumentos de esta sanción.