El ex alcalde de Castril, José Juan López Ródenas, vuelve a sentarse en el banquillo este miércoles al tener que repetirse el juicio en el que fue declarado culpable en la causa incoada por las línea eróticas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocó la condena por malversación al haber contratado servicios ajenos a su actividad como regidor de la citada localidad. El alto tribunal aceptó que acudieran a declarar dos testigos que no pudieron hacerlo en su día. También para que un perito hiciera una prueba sobre el teléfono del acusado, aunque finalmente el móvil no ha aparecido. Los hechos se remontan al ejercicio 2008-11.

La deliberación del jurado popular que en la anterior vista enjuició al excalcalde socialista de Castril, López Ródenas –también conocido como Juan Mar–, emitió un veredicto de culpabilidad por la contratación "consciente y voluntaria" de servicios ajenos al Ayuntamiento. Pese a que esta causa fue cerrada en su día por el Juzgado de Instrucción Único de Huéscar, fue admitido el recurso presentado por la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, lo que derivó en la reapertura de la causa cuyo juicio se celebró en febrero de 2011.

Tal y como se recogía en el auto judicial de apertura de juicio, a Juan Mar se le acusaba de un delito de malversación de caudales públicos, ya que "en su condición de alcalde hizo uso de la línea que tenía asignada por razón de su cargo público, para fines ajenos a la función pública, (...) ya que durante el período comprendido entre el mes de diciembre de 2008 y el mes de enero de 2011, contrató, de forma consciente y voluntaria, servicios personales con varias compañías, (...) por importe de mil quinientos setenta nueve euros, con siete céntimos (1.579,07), a cargo del Ayuntamiento". Durante la primera sesión del juicio, el exalcalde de Castril negó que hubiera usado el teléfono para contratar servicios de llamadas eróticas, los cuales calificó como una estafa relacionada con mensajes de tarificación especial –premium– que, según defendió en su declaración ante el jurado popular, no fueron contratados por él de forma voluntaria. Si bien, la acusación insistió en que el ex alcalde contrató hasta diez empresas distintas, de las que solo una se constató que pudiera ser un fraude.

De igual modo, la acusación mantuvo que durante dos años, López Ródenas dio personalmente el visto bueno y ordenó el pago de sus facturas, pese a que estas contenían cargos entre 20 y 200 euros por la contratación de estas líneas privadas, las cuales se basaban en un sistema de mensajería. "Yo no me pasaba el día abriendo mensajes", aseguró Juan Mar, que también insistió en que igualmente se decidió posteriormente a devolver el dinero facturado al Ayuntamiento "para no causar ningún daño a las arcas municipales". Ante ello, la acusación mantuvo que el exalcalde tuvo constancia de estos cargos en febrero de 2011, pero no actuó ni hizo nada hasta que fue citado a declarar por el Juzgado de Huéscar, siendo entonces cuando habría efectuado la devolución del dinero.

En la segunda sesión, la Fiscalía, que desde un principio pidió el sobreseimiento del caso, al entender que no quedaba acreditado que hubiese realizado las contrataciones de servicios ajenos al Consistorio de forma voluntaria. Por su parte, la acusación mantuvo que sí los contrató, por lo que le acusó de un delito de malversación de fondos públicos. Si bien, en la última sesión rebajó su petición inicial, la cual conllevaba cárcel, a 3.240 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.