Tres acantilados de la Costa granadina tendrán mayor protección ambiental

El Consejo de Gobierno ha declarado como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) nueve áreas marítimo-terrestres del litoral andaluz, con una superficie total de 37.352 hectaréas. Entre estas nueve áreas se encuentran los acantilados y fondos marinos Tesorillo-Salobreña, Calahonda-Castell de Ferro y Punta de La Mona. Todas ellas se suman a otras franjas marítimas ya protegidas como Maro-Cerro Gordo, entre Málaga y Granada.

De las nuevas áreas declaradas ayer destacan los acantilados y fondos marítimos Tesorillo-Salobreña, con 1.045 hectáreas, que cuentan con especies de flora como las fanerógamas marinas y acogen una gran cantidad de peces e invertebrados, así como tortugas, delfines y calderones.

Le sigue los de Calahonda-Castell de Ferro, con 972 hectáreas, situado entre los municipios de Motril y Gualchos. Entre su fauna se encuentran la gaviota patiamarilla, la garza real y el charrán patinegro, los invertebrados, la lapa ferruginosa, y mamíferos como los delfines, calderones y cachalotes. Entre su flora se distingue la vegetación de los ambientes litorales y especies como el romero blanco y el arto. Por su parte, los acantilados y fondos marinos la Punta de La Mona, con 125 hectáreas, despuntan por su gran riqueza faunística.

Con los nuevos espacios declarados ayer, ya son 140 el número de espacios protegidos andaluces. El objetivo de esta figura de protección es el mantenimiento y la recuperación de hábitats y especies de la flora y la fauna.

La declaración de un enclave o territorio como ZEC conlleva su inclusión en la red europea de espacios naturales Natura 2000, donde se integran los hábitats que se consideran de mayor valor ecológico a escala continental.

La declaración de las ZEC se suma al decreto aprobado por el Consejo de Gobierno que establece el contenido de los planes de gestión de los nuevos espacios y que deberán ser aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

De vigencia indefinida y con evaluación cada seis años, estos instrumentos de planificación establecen medidas para compatibilizar la preservación de los valores ecológicos con los usos y aprovechamientos, a través de un régimen de autorizaciones y limitaciones, además de recoger las exigencias de la Natura 2000.