El mayor caso de presunta corrupción en la provincia de Granada, abierto en el año 2006 en relación a asuntos del Ayuntamiento de Alhendín como el polígono industrial de Marchalhendín o la construcción de una enorme promoción inmobiliaria con miles de viviendas, ya tiene auto de apertura de juicio oral, que habrá de celebrarse en la Audiencia de Granada. Más de 15 años después de la operación policial que fue noticia nacional, el sumario del caso Marchelo saldrá al fin del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe, por donde han pasado varios jueces durante todo este tiempo.

El auto al que ha tenido acceso este periódico, fechado el pasado 20 de octubre por la jueza María José Méndez Susín, resuelve mandar a juicio como acusados a casi todos los investigados. Son 16 personas, entre las que están el exalcalde de Alhendín, José Guerrero; el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández, técnicos municipales e importantes empresarios como Fernando Rodríguez Acosta o dos hermanos Muñoz Tamara. 

En base a las acusaciones presentadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular de un empresario, la jueza imputa a los acusados más de una decena de delitos: tráfico de influencias, prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, cohecho, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, usurpación de inmueble con violencia o intimidación y apropiación indebida. El Ayuntamiento de Alhendín ha dejado de ser acusación para mantenerse en la causa como posible responsable civil subsidiario, lo que supone que podría tener que responden económicamente de cualquier hecho delictivo que quedara probado.      

El órgano competente para enjuiciar este caso, por el las penas que corresponden al tipo de delitos, es la Audiencia Provincial de Granada, como señala el mismo auto. 

La jueza establece en su auto que la causa se fundamenta en tres grandes bloques de hechos por los que se han formulado acusaciones. El primero es el de la construcción de una gasolinera y el cambio de uso que fue necesario para permitirla. El empresario que ejerce la acusación particular está vinculado a este asunto.

El segundo asunto es el del polígono industrial de Marchalhendín, un proyecto que ha dejado en la reina a muchas personas y que siguen pendientes de este caso después de tantos años. Y el tercer tema es la urbanización de viviendas Novosur. 

En el mismo auto de apertura de juicio oral, la jueza establece una serie de fianzas que tendrán que pagar los acusados en los próximos días para cubrir las posibles responsabilidades económicas que se puedan derivar y que en total ascienden a 1,730.000 euros.

Pero esa cifra está muy por debajo de las primeras estimaciones que otros jueces han puesto en sus resoluciones durante estos años. En 2018 se cifraron en  27,3 millones de euros los posibles perjuicios económicos para las arcas públicas provocados por las supuestas actividades delictivas de las 16 personas que ya habían sido procesadas.