Más de un centenar de municipios de Granada tendrán cámaras de videovigilancia

La Diputación de Granada ha aprobado este martes, en pleno extraordinario, una modificación presupuestaria para financiar una línea de ayudas, dotada con 1,2 millones de euros, para que los municipios de menos de 20.000 habitantes inviertan, lo que en la práctica incluye a casi la totalidad de la provincia, en sistemas de videovigilancia que permitan implementar y potenciar su ciberseguridad. La medida ha salido adelante de forma unánime tras lograr el apoyo de los distintos grupos políticos.

Una de las partes más destacadas de este nuevo proyecto es el suministro e instalación de videocámaras de seguridad, pero no el único. De esta forma, la iniciativa aprobada contempla también otros elementos para reforzar la seguridad de estos municipios como sistemas de registro de imágenes, equipos de almacenamiento para copias de seguridad, adquisición de software y hardware especializado, cableado de redes de datos o sistemas necesarios para la interconexión de equipos de sensórica óptica.

Con esta nueva subvención, cuyas bases se harán públicas en los próximos días, se busca responder a la petición de los pueblos más pequeños en materia de seguridad, especialmente en lo relativo a materias como control de tráfico, accidentes o robos.

Según ha detallado en su intervención Ana María Molina, diputada de Economía, estas ayudas cuentan con un presupuesto procedente de otras partidas que no se han llegado a ejecutar. Así, ese dinero surge de la baja de aplicaciones presupuestarias cuyas cuantías se consideran reducibles y que pierden fuerza frente al carácter urgente de esta nueva línea de ayudas, cuya aprobación "no es posible demorar al ejercicio siguiente", según se argumenta en el expediente consultado por este periódico.

Al hilo, la diputada de Administración Electrónica, Mónica Castillo, ha añadido que ya existía una "inversión importante" por parte de la Diputación provincial dentro del proyecto Granada municipios ciberseguros que "se ha quedado en stand by" tras firmar un acuerdo con la Secretaría General de Administración Digital y "es posible" que el próximo año se destine algún tipo de partida complementaria a este proyecto.

Se refería la diputada a la adhesión de la corporación al Centro de Operaciones de Ciberseguridad, enfocado a entes locales con menos de 50.000 habitantes (toda la provincia salvo la capital y Motril) y que en la actualidad está permitiendo llevar a cabo acciones formativas dirigidas al personal de la Diputación y las propias localidades, aunque otras actuaciones dentro del proyecto no van a poder ejecutarse, lo que obliga en cierta medida a la Diputación a desarrollar acciones complementarias para potenciar la ciberseguridad "considerando su importancia y trascendencia actual en el ámbito de la transformación digital"

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha subrayado, a través de una nota de prensa, que esta nueva línea de ayudas suponen "una apuesta firme por la protección y modernización de nuestros municipios. Gracias a esta inversión, los pueblos más pequeños de la provincia podrán contar con medios de última generación para reforzar su seguridad y la de sus infraestructuras, garantizando un mejor servicio público”. A juicio del presidente de los populares granadinos, esta medida "demuestra que la Diputación trabaja de manera decidida por la igualdad de oportunidades en todos los territorios, asegurando que los municipios de menor tamaño también puedan acceder a sistemas innovadores que normalmente solo están al alcance de las grandes ciudades”.

Aunque la medida se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos, ello no ha impedido que tanto PSOE como Izquierda Unida pongan sus respectivas notas al pie de esta línea de ayudas. De esta forma, el diputado socialista Ismael Padilla ha asegurado que su partido está "contento y satisfecho" con una medida que ya incluyó en las enmiendas a los actuales presupuestos de la corporación, aunque a raíz de la "memoria bastante escueta" y ha pedido que la convocatoria de ayudas no sea en concurrencia competitiva, lo cual pondría en riesgo "que algunos ayuntamientos puedan llegar a ella".

Por su parte, desde Izquierda Unida, María del Carmen Pérez ha pedido que se afinen las ayudas para que puedan llegar a todos los ayuntamientos y que puedan disponer de esa transformación digital, que para la diputada es "muy necesario" para que los municipios "estén a la vanguardia".