Provincia

Los ecologistas se oponen a la legalización de más de 2.500 cortijos irregulares

  • El Ayuntamiento anunció que va a regularizar más de la mitad de las construcciones ilegales en base a una nueva ordenanza

La aprobación de la ordenanza municipal que pretende legalizar chalés ilegales en suelo prohibido es "el mayor atentado ambiental que ha sufrido el municipio de Motril", según ha denunciado la asociación ecologista Buxus. La legalización de más de 2.500 de las 4.000 construcciones ilegales que reconoce el PGOU a través de este procedimiento significa su reconocimiento "sin ningún tipo de medida correctora, obviando los requisitos contemplados en el propio planeamiento urbanístico existente".

Para Buxus, "se trata de un premio al infractor, un aval para el urbanismo salvaje ya que la legalización exige mucho menos requisitos y el pago de una tasa muy inferior a la exigida a las viviendas legales": 3,4% frente al 6%.

Los ecologistas alertan también del modelo de diseminación de viviendas "con una red de abastecimiento anárquica y una red de caminos que se han asfaltado con dinero público y que consolida un modelo contrario al propio planeamiento (ciudad compacta, mediterránea, policéntrica) que consume mucha más agua y energía y produce residuos difíciles de gestionar ya que demandarán infraestructuras individuales difíciles de controlar que generarán un caos ambiental y paisajístico".

Asimismo, denuncian que "esta ordenanza no sólo no garantizará a partir de ahora que se cumplan las normas urbanísticas y que se impidan más viviendas ilegales sino que, muy al contrario, creará un efecto llamada y un gravísimo precedente: cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin licencia municipal, porque al final será legalizada", sentencian.

La asociación Buxus presentará alegaciones contra su aprobación y exige la intervención tanto de la administración ambiental como de la urbanística para paralizar este desastre territorial.

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