El exalcalde popular de Otura, Fernández-Sanz, se enfrenta a cinco años de prisión por prevaricar

La Audiencia de Granada juzgará este mes al exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, del PP, y a otros seis concejales por prevaricación, fraude en la contratación y malversación en la concesión de la limpieza del municipio, cargos por los que se enfrentan a cinco años de prisión.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2005 cuando Fernández-Sanz era alcalde de Otura y presentó la memoria para licitar el servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio por 1.060.000 euros al año.

El expediente recibió entonces los reparos de la Intervención por no tener consignado un presupuesto ni tener justificado el precio de salida, igual que también la Secretaría municipal emitió un informe por la falta de un presupuesto suficiente.

En enero de 2006, el secretario del Ayuntamiento de Otura firma un nuevo informe con el mismo contenido pese a lo que el expediente llega al pleno y se aprueba con los votos a favor del que era alcalde, los cuatro concejales del PP y los tres del Grupo Independiente de Otura (GIO).

Este trámite permite que la única empresa candidata a prestar el servicio firme un contrato para prestar ese servicio y cumplir las cláusulas de personas, contenedores y vehículos estipuladas.

Menos de dos años después de comenzar el servicio, en noviembre de 2010, el exalcalde convocó un pleno para rescindir el contrato, a lo que se opuso la Secretaría municipal por no haberse aportado documentación alguna.

Aunque se solicitó la suspensión del pleno, la sesión se celebró y "sin tramitar expediente alguno y con ausencia total de procedimiento", según la Fiscalía, se anuló el contrato con los votos de los cinco representantes del PP y dos de GIO, los siete procesados en la causa.

El ministerio público ha apuntado que esa suspensión del contrato beneficiaba a la empresa, que recibió 2,5 millones por la resolución y otros 800.000 en concepto de indemnización, mientras el Ayuntamiento debía quedarse con el material de limpieza y asumir como propios a los trabajadores.

Los acusados votaron a sabiendas de lo ilícito del acuerdo, según la Fiscalía, que ha calificado los hechos como un delito de fraude en la contratación en concurso con otro de malversación de caudales públicos y un tercero continuado de prevaricación.

Los procesados se enfrentan a la petición de cinco años de cárcel y otros ocho de inhabilitación para cargo público y serán juzgados por estos hechos en dos sesiones que se celebrarán desde el 25 de junio en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.