La exalcaldesa de Órgiva Ángeles Blanco gana a la Junta el pleito por echarla de su puesto directivo con argumentos "genéricos"

La exalcaldesa de Órgiva Mari Ángeles Blanco (PSOE) ha ganado un pleito a la Junta de Andalucía después de que denunciara tanto a la Consejería de Justicia como a la de Inclusión Social por haberla echado de su puesto de trabajo como directora del Centro de Participación Activa del municipio. Blanco pedía en su demanda, que se interpuso en septiembre de 2023, que se declarara no conforme a derecho este acto administrativo, anulándolo y reponiéndola a su puesto directivo. Pero se produjo su jubilación después de la demanda, por lo que ya no era posible reponerla en su puesto, por lo que mantuvo solo la petición de abonarle las diferencias salariales entre el cese y su jubilación. La sentencia le da la razón porque el cese se produjo con argumentos "genéricos".

El juicio se celebró el pasado 7 de mayo y según la sentencia, firmada el 17 de junio y a la que ha tenido acceso este periódico, se estima la demanada de la exalcaldesa y se revoca la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de julio de 2023, por lo que se condena a la Junta a abonar las diferencias salariales entre los dos puestos durante este tiempo. Contra la sentencia no cabe recurso.

Según se explica en la sentencia, Blanco prestaba servicio como personal laboral de la Junta con la categoría profesional de dirección de cocina grupo III. Después fue nombrada directora del Centro de Participación Activa de Órgiva, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, en octubre de 2007 tras un concurso de promoción específico. En marzo de 2023 la delegada de Inclusión Social de la Junta en Granada emitió una propuesta de resolución de "remoción" (privación de cargo) de Blanco en su puesto de directora del centro, fundamentada en "la necesidad de un cambio en la dinámica del centro, en la que se ha puesto de manifiesto la falta de coordinación con la Delegación Territorial en determinados aspectos relativosa a la gestión del mismo, lo que provoca la pérdida de la confianza precisa para la continuidad en el puesto". En mayo se le notifica el inicio del trámite de audiencia y Blanco alegó la falta de motivación y justificación de la propuesta.

En julio de ese año se publicó la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos en la que se acuerda "cesar por remoción" a Blanco y destinarla a "un puesto de su categoría profesional de dirección de cocina, adscribiéndola con carácter definitivo" al puesto de oficial primera cocinero que ocupaba antes en un centro residencial de personas mayores. En abril de 2023 se sacó la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de dirección del centro del que se había removido a Blanco.

Justificación insuficiente para el cese

Según la sentencia, el tipo de concurso de promoción no se trata de un mero puesto de libre designación o confianza sino que está sometido a requisitos de promoción, lo que excluye, o debe excluir, la discrecionalidad en el nombramiento. El cese, que se produjo siguiendo los cauces previstos, según la sentencia, debe producirse por causa justificada, lo que añade un plus al mismo ya que "no basta con explicar por qué se cesa sino que la causa debe ser válida". Según la sentencia, la "escueta" causa que invocó la Consejería de falta de coordinación "es genérica" ya que no se aportan datos de ella, "haciendo una vaga referencia a la pérdida de confianza". "No se menciona desajuste concreto, ni irregularidad o falta de organización de los servicios, ni hecho alguno". Por eso concluye que los hechos son "genéricos y carecen de la más mínima precisión temporal o documental y por tanto son insuficientes como para justificar el cese".

Así, estima la demanda revocando el cese y condena a la Junta a pagar las diferencias retributivas entre el cese y la jubilación de la demandante.

Blanco fue alcaldesa de Órgiva desde 2007 a 2019 y también fue diputada provincial.