María del Carmen Martínez y su marido, Manuel Cortés, van camino de convertirse en los 'padres coraje' de Albolote. Desde ayer a mediodía están encerrados en el Ayuntamiento para exigir a la Consejería de Igualdad que responda sobre las ayudas que les dio para atender a su hijo cuando entró en vigor la Ley de Dependencia. Un paso más en una cruzada personal contra la administración en lo que ellos consideran una injusticia.

Según confirmó ayer la madre, "estaremos aquí hasta que o la delegada del Gobierno o directamente la consejera, Micaela Navarro, nos den respuestas sobre nuestros derechos y los de nuestro hijo". Por ahora, el alcalde está actuando de mediador y ha prometido poner el caso en conocimiento de la delegada, María José Sánchez y de la propia consejera Micaela Navarro.

Mientras, están recogiendo firmas en su encierro en el Ayuntamiento. "El pueblo nos apoya. Nos dicen que vayamos directamente a Sevilla y que no paremos", explica la madre.

La queja de esta familia -por la que tiene incluso un juicio pendiente en febrero de 2011 con Igualdad- es que la Consejería les retiró la prestación económica de cuidados en el entorno familiar que le fue concedida para atender a su hijo (con un 97% de minusvalía) por incompatibilidad con el centro al que acude su hijo desde antes de ser valorado por la Ley de Dependencia. Según la Junta, estas dos prestaciones son incompatibles.

Pero es más, la mujer fue "borrada" como cuidadora del convenio especial de la Seguridad Social y la Junta le reclama -con contenciosos de por medio- que devuelva el dinero que le fue ingresado hasta que se decidió suspender la prestación. En total, más de 3.000 euros.

Su hijo fue valorado en 2007 por la Ley de Dependencia y le fue reconocido el grado III nivel II, es decir, gran dependiente.

En su día, las trabajadoras sociales acordaron que lo más adecuado era la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, por lo que la madre se dio de alta en el convenio especial de la Seguridad Social.

En marzo de 2008 llegaron los problemas ya que, sin previo aviso, se le retiró la ayuda económica por incompatibilidad legal de la prestación económica con el centro de terapia ocupacional al que va el joven desde 2001. Según defiende la madre, el centro ayuda al niño a integrarse en la sociedad pero eso no significa que no necesite ayuda continua para vivir y que se reconozca la labor de cuidadora de la madre. Además, sólo acude unas horas al día. "El resto de día sigue siendo dependiente y yo, su cuidadora", dijo en abril de este año a este periódico, que ya adelantó la denuncia interpuesta por esta familia a la Junta.

La solución que le ofrecía la Junta es que dejara al niño en el centro y le diera una hora diaria de ayuda a domicilio, algo a lo que la familia se niega ya que es un paso atrás a un derecho reconocido previamente.

Esta familia comenzó un periplo por administraciones, cartas incluso a Zapatero, Rajoy y al Defensor del Pueblo, pero no ven una solución rápida y por eso han recurrido al encierro. Con todo, se irán turnando para no desatender a su hijo aunque cuentan con la colaboración familiar.

A última hora de ayer, el alcalde intentó ponerse en contacto con la delegada del Gobierno pero no consiguió respuesta, según la propia familia.