El Gobierno mantiene la vigilancia sobre los desprendimientos de Beas de Guadix

Granada/El Gobierno ha respondido al Grupo Popular en el Congreso que mantiene comunicación con las administraciones autonómica y locales para el seguimiento de la situación en Beas de Guadix por los desprendimientos en un cerro que resultó dañado por la tormenta de verano el pasado agosto, una vicisitud para la que ha explicado que no se dieron las condiciones necesarias para la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la conocida antiguamente como zona catastrófica.

A finales del pasado agosto, el Ayuntamiento de Beas de Guadix informó de que iba a preparar los informes necesarios para solicitar la declaración de zona catastrófica para afrontar la reparación del cerro dañado por la tormenta de una semana antes, que se valoraban en unos 885.000 euros, en el cual se dio orden de desalojo alrededor de medio centenar de vecinos que viven en casas cuevas del entorno.

En una respuesta por escrito a una pregunta del PP en el Congreso, consultada por Europa Press, la Secretaría de Estado con las Cortes y Asuntos Constitucionales expone que "el Gobierno tiene plena disposición para colaborar con las autoridades competentes y está disponible para cualquier actuación que, dentro de sus competencias y de acuerdo con la normativa vigente, pueda contribuir a la recuperación de la zona afectada".

Desde el Ejecutivo central se recuerda que las ayudas del Estado previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, ante episodios de emergencia o de naturaleza catastrófica, "resultan de inmediata aplicación, sin que sea necesaria la previa declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y tiene carácter complementario respecto a las que establezcan las Administraciones autonómicas y locales".

Estas ayudas van dirigidas a, entre otras casuísticas, las de unidades familiares o de convivencia económica, que hayan sufrido daños personales o "materiales en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad", corporaciones locales, comunidades de propietarios, o personas físicas o jurídicas "que hayan llevado a cabo prestación personal o de bienes, a requerimiento de la actividad competente".

Pudieron ser solicitadas por los afectados mediante la presentación de los correspondientes formularios, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la fecha de terminación de los hechos catastróficos o de la situación de emergencia, en la Delegación del Gobierno en Andalucía o la Subdelegación en Granada.

Detalla en este contexto que el Gobierno interviene cuando se cumplen los criterios establecidos en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que, según la normativa, para la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil requiere, "entre otros criterios, que se haya producido una alteración grave en las condiciones de vida de la población o la paralización de servicios esenciales", detalla la respuesta al PP, de fecha 8 de abril.

En este sentido, "no consta en el Centro Nacional de Coordinación de Emergencias de esta Dirección General de Protección Civil y Emergencias ninguna comunicación del servicio autonómico de emergencias sobre la activación del correspondiente plan autonómico de emergencias en situación de emergencia nivel 1 ó 2 en las fechas indicadas, siendo esto un requisito previo necesario para la declaración".

La comunicación con las administraciones autonómica y locales se mantiene en cualquier caso a fin de "contribuir, dentro de las competencias que otorga el sistema, a la recuperación de la zona afectada".