El Gobierno reforzará el personal en Granada para tramitar las ayudas a los 141 municipios afectados por el temporal

Los 141 municipios granadinos que han registrdo incidencias por las lluvias intensas de los últimos temporales que han azotado a Andalucía y a la provincia de Granada, esperan con urgencia las ayudas para las labores de reconstrucción y arreglo de los desperfectos y daños ocasionados, principalmente inundaciones, deslizamientos y afecciones en infraestructuras, viviendas y explotaciones agrarias. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha presentado este jueves el conjunto de ayudas aprobadas por el Gobierno de España y entre tanto dato y cifras millonarias, lo deja claro: "De cada 5 euros ques e vayan a utilizar en la reconstrucción, 4 los aportará el Gobierno de España", destacando la respuesta "inmediata y ágil" del Ejecutivo, que ha movilizado más de 7.000 millones de euros en ayudas directas a todos los sectores afectados. Medidas fiscales, laborales y de reconstrucción que son compatibles con las ayudas que pongan en marcha otras administraciones.

El subdelegado ha detallado que, en una evaluación inicial, un total de 141 municipios granadinos han registrado incidencias como consecuencia del tren de borrascas, con 52 carreteras afectadas por desprendimientos, inundaciones, nieve o daños en la vía. Asimismo, se han registrado más de 300 personas desalojadas o evacuadas, de las que 118 continúan fuera de sus viviendas en la actualidad.

Las zonas con mayores daños en la provincia se concentran en municipios del entorno del río Genil y del área metropolitana de Granada, como Huétor Tájar, Villanueva Mesía, Fuente Vaqueros, Loja, Dúdar, Quéntar, Pinos Genil o Cenes de la Vega, donde se han producido inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de ladera con afección a núcleos urbanos, en algunos casos. Montilla ha señalado que “desde la Subdelegación del Gobierno vamos a trabajar con la máxima rapidez y coordinación con los ayuntamientos para que las ayudas lleguen cuanto antes a las personas y municipios afectados”, y ha insistido en que “el Ejecutivo central va a acompañar a la provincia de Granada durante todo el proceso de recuperación y reconstrucción”.

Además, la Subdelegación del Gobierno en Granada reforzará el personal destinado a la gestión y tramitación de estas ayudas “con el fin de agilizar al máximo los procedimientos y garantizar que lleguen cuanto antes a las personas, empresas y entidades locales beneficiarias”. En este marco, el subdelegado del Gobierno mantendrá en los próximos días encuentros de trabajo con los alcaldes de los municipios afectados, así como reuniones específicas con organizaciones agrarias y representantes del sector de la hostelería, con el objetivo de informar de manera directa y detallada sobre el alcance de las ayudas aprobadas y los mecanismos habilitados para su solicitud y tramitación.

Medidas urgentes

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España, publicado hoy en el BOE, incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. A modo de ejemplo, un hogar de cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000 euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.

Las ayudas por daños en viviendas aprobadas cuadriplican el importe de las indemnizaciones respecto a lo previsto en el Real decreto de Emergencias. En concreto, la indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. Además, se establecen ayudas para establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. El Ejecutivo elimina los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.

Se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del Impuesto de Sociedades para las Empresas, el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y el Impuesto sobre Actividades Económicas en las zonas afectadas, así como ayudas directas a las actividades económicas, especialmente en los sectores de la hostelería y el comercio minorista. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.

Ayudas a los ayuntamientos

El texto normativo incluye también un plan de ayudas a los ayuntamientos, dotado con un fondo de 2.000 millones para actuaciones inaplazables de reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, con la posibilidad de anticipar el 100% de su importe. Se incluyen igualmente obras nuevas para prevenir daños por avenidas torrenciales e inundaciones.

Además, se flexibiliza la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas, también se les permitirá usar su superávit de 2025, y se amplían los plazos legales para la ejecución de las obras de reconstrucción. A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.

Ayuda a los agricultores

El texto normativo incorpora, además, un amplio paquete de medidas específicas para el sector primario, que supera los 2.800 millones de euros, destinado a paliar las pérdidas sufridas en la agricultura, la ganadería y la pesca. Entre ellas se incluyen ayudas directas por pérdida de renta, subvenciones adicionales a los titulares de seguros agrarios y a los armadores afectados, que suman 2.174 millones de euros, así como una línea de financiación con condiciones especiales que cubrirá parte del principal de los créditos y el coste de los avales para agricultores y pescadores. Asimismo, los temporales se consideran causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de determinadas obligaciones, como las derivadas de la Política Agraria Común.

En esta línea, el subdelegado ha detallado también la reducción excepcional del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio y a la renta agraria, que pasa de 35 a 5, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, ayudas para cubrir el 100% de los daños no indemnizados por el seguro agrario.

Ayudas para infraestructuras dañadas

En materia de infraestructuras, la norma prevé actuaciones de reparación de caminos e infraestructuras agrarias y de regadío a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, con una dotación de 600 millones de euros. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recibirá un crédito de 61 millones y se contemplan 12 millones para el Dominio Público Marítimo Terrestre. A ello se suma otro paquete de ayudas a los municipios destinado a la reparación de cauces fluviales públicos en zonas urbanas y también costeros, así como a infraestructuras hidráulicas municipales, abastecimientos y playas, además de la reconstrucción de las redes de carreteras del Estado (95 M€) y de las infraestructuras ferroviarias dañadas (59,3 M€).

Ámbito laboral

Por otro lado, Montilla ha señalado que la norma incorpora igualmente medidas laborales y de Seguridad Social dirigidas a proteger a trabajadores, autónomos y empresas afectadas por las inundaciones. Entre ellas se encuentra la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, exenciones y moratorias en las cotizaciones a la Seguridad Social, la activación de los ERTE por causa de fuerza mayor y la exención total de cotizaciones sociales para las empresas y autónomos con actividad suspendida o reducida, junto con la prohibición de despidos en las empresas beneficiarias.

Finalmente, José Antonio Montilla ha subrayado que “el Real Decreto-ley constituye una respuesta integral del Gobierno de España ante una situación de emergencia” y ha reiterado que “la Administración General del Estado, a través de las Subdelegación del Gobierno, estará a disposición de los ayuntamientos para facilitar la tramitación de las ayudas y contribuir a una recuperación lo más ágil posible en toda la provincia, atendiendo las necesidades derivadas de los daños ocasionados por los temporales”.