Gójar celebra la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz que reclama mejoras educativas urgentes

El Ayuntamiento de Gójar ha mostrado su satisfacción por la resolución emitida por el Defensor del Pueblo Andaluz, que reconoce la “necesidad urgente” de avanzar en la construcción de un nuevo colegio y un instituto en el municipio, tal como venían reclamando desde hace años las familias y la comunidad educativa local.

La resolución fue adoptada tras una queja oficial presentada por el Consistorio ante la oficina del Defensor, institución independiente dedicada a la protección de los derechos de los ciudadanos, en la que se expuso que, aunque Gójar ha experimentado un crecimiento sostenido de población en las últimas décadas, sus infraestructuras educativas no han acompañado ese aumento demográfico.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el municipio pasó de unos 3.000 habitantes en 1996 a más de 6.300 en 2025, lo que ha generado una presión creciente sobre los centros educativos existentes. El Ayuntamiento subrayó en su queja que el número de menores matriculados en el colegio actual ha sido menor de lo esperado por la falta de espacio adecuado, una situación que ha obligado a utilizar espacios municipales como aulas provisionales o comedores adaptados.

La resolución del Defensor del Pueblo Andaluz recoge también la respuesta oficial de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Educativo en Granada, que reconoce que en 2019 se incluyó la sustitución del colegio en el plan de actuaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con un presupuesto estimado en 2,7 millones de euros. Sin embargo, según la administración educativa, esas obras están “pendientes de fuente de financiación”, sin un acceso claro a la información necesaria para avanzar.

En cuanto al instituto, la Defensoría destaca el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento —que compró una parcela por 300.000 euros y la cedió a la Junta para facilitar la construcción del centro— pero señala que dicho proyecto “no ofrece resultados coherentes con su acreditada oportunidad” y reclama un impulso decidido para que los servicios técnicos de la administración autonómica supervisen y aceleren los trabajos necesarios.

El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, ha valorado positivamente la resolución y ha asegurado que “esta decisión da la razón al municipio y confirma lo que venimos denunciando desde hace años: Gójar está en clara desventaja educativa a pesar de ser uno de los municipios que más ha crecido en el área metropolitana de Granada”.

Prieto ha recordado que el Ayuntamiento ha asumido su responsabilidad en el mantenimiento de los centros, dotándolos de equipamiento, mejoras en accesos o sistemas de climatización, y ha insistido en que ahora es la Junta de Andalucía quien debe actuar con urgencia para atender las necesidades educativas del municipio.

Desde el Consistorio también han subrayado que no se trata de pedir un trato de favor, sino de equidad territorial. “No pedimos privilegios, pedimos justicia para nuestros vecinos y vecinas”, ha declarado el regidor, quien confía en que la resolución sirva para impulsar de una vez por todas los proyectos educativos pendientes en Gójar.