La coordinadora de la Plataforma de Protección de la Ribera del Guadiana Menor, Eva Pérez Manzano, lo ve muy claro: "estas macrogranjas no crean población". Ella es una de las representantes de las plataformas que se han opuesto frontalmente a la proliferación de estas macrogranjas al considera que presentan un modelo cortoplacista, que no fija a la gente en el territorio y que no crean empleo además de los impactos que generan, por lo que están intensificando sus charlas, protestas y otras actividades para concienciar en el territorio.

"No se le puede poner la alfombra a las grandes empresas cárnicas", señala al tiempo que advierte sobre que el proceso está en marcha y que los gigantes de la industria que están detrás saben a lo que juegan.

Se refiere a las granjas de 1.999 cerdos que, según las plataformas denunciantes, ya se están instalando en algunos pueblos del Altiplano. ¿Y por qué de 1.999? La razón a esta pregunta es que las macrogranjas están obligadas a poseer la certificación AAI (Autorización Ambiental Integrada, que concede la Junta) y es partir de ahí cuando pueden lograr superar las explotaciones de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o 2.5000 plazas de cerdos de más de 20 kilos.

Se trata de una calificación muy complicada de lograr y que exige una profunda evaluación. Es por ello que los empresarios que deciden instalar estas macogranjas para proveer, probablemente, a grandes de la industria cárnica inician sus granjas con 1.999 cerdos, puesto que supuestamente una vez instaladas es más fácil conseguir autorizaciones y ampliarlas para 7.000 o 10.000 cerdos.

Pérez Manzano denuncia además que existen una serie de empresas interesadas en la zona del Altiplano y que están utilizando a pequeños ganaderos como una especie de "testaferros" para que asuman la inversión de estas instalaciones ganaderas, que además según la coordinadora de la plataforma lleva a población joven de la zona a "hipotecarse" con este proyecto.