Un informe alerta del riesgo de derrumbe del puente Gran Capitán

Desde el pasado 19 de abril no se trabaja en las obras del encauzamiento del río Genil a su paso por Loja. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, sin dar explicación alguna, ordenó a la empresa encargada de los trabajos que no continuara con su actividad. La Junta paralizaba el proyecto por segunda vez, y tan sólo diez días después de haberlo retomado tras un parón que duró más de tres meses y medio.

Ante la orden de la administración andaluza, la constructora procedió a abandonar los trabajos y a retirar su maquinaria del lugar. El centenario puente Gran Capitán se quedaba entonces patas arriba, abandonado y destrozado, con el consiguiente peligro que eso conlleva. Una situación que el Ayuntamiento de Loja no ha tardado en denunciar: "Lo peor de la paralización de los trabajos es la situación de peligrosidad en la que se ha quedado el puente, con la circulación cortada por esta zona de la ciudad, barandas quitadas, asfalto levantado y conexiones provisionales de gas, luz, telefonía, agua potable", denunció Antonio Ramón Molina, concejal de Obras y Servicios.

Ante estos hechos, el Consistorio ha enviado un escrito a la Consejería de Medio Ambiente en el que solicita la reanudación de los trabajos de encauzamiento "por el consiguiente peligro que supone el abandono de las obras". También se le exige que, a la hora de recortar proyectos de esta envergadura, "se tenga en cuenta la prioridad".

A este documento se le une un informe elaborado por el ingeniero técnico municipal, al que ha tenido acceso este periódico. En él se alerta de que el puente, en la situación en que se ha dejado, tal vez no aguante en pie ante una eventual crecida del río Genil. "Desde el punto de vista técnico, debe plantearse la incertidumbre sobre si con casi el 99% del encauzamiento realizado, una inesperada avenida no pondría en peligro la estabilidad del puente Gran Capitán", afirma el documento, en el que además se pide a la administración andaluza un informe "donde conste la garantía de que sin ejecutar el nuevo ojo, en la actual situación, no se incrementa de forma relevante el riesgo de derrumbe".