El cambio en el servicio de ambulancias en la provincia de Granada sigue dando mucho que hablar después de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligaría a la Junta de Andalucía a cambiar a la empresa adjudicaría de esta prestación.

Un cambio en la adjudicación del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre en la provincia de Granada que, según un informe jurídico realizado por el letrado Carlos Juan González, no se debería de realizar por "coherencia y economía procesal".

Informe que de igual forma pide que se realice "una nueva licitación" al resultar "imposible la ejecución material" de la sentencia por parte de la empresa que interpuso el contencioso administrativo, al carecer de los medios necesarios y suficientes para llevarla a efecto, al tener adjudicado también la prestación de este mismo servicio en la provincia de Málaga.

González destaca que la aplicación de la sentencia significaría el cambio en la concesión, dejando a la empresa y a los trabajadores que actualmente prestan los servicios de ambulancias, en una situación muy complicada y difícil. Y recuerda que sería en aplicación a un contrato que en la actualidad se encuentra prorrogado al haber ya culminado.

El documento, al que ha tenido acceso Granada Hoy, considera que el contrato del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre de la provincia de Granada ya está concluido al pasar el periodo de cuatro años que se establecía en el mismo, por lo que en la actualidad se encuentra prorrogado y se está ejecutando con importantes modificaciones en las zonas de Baza, Guadix y Loja, al tener un aumento superior al 30% de los servicios de traslados efectuados.

Situación de prórroga de la adjudicación que debería de haberse advertido al Tribunal, ya que el objeto del procedimiento enjuiciado habría concluido, al igual que se comunicó que esta empresa había sido igualmente por Sentencia Judicial adjudicataria del servicio en Málaga, estando imposibilitada a prestar el servicio en Granada y Málaga de forma simultánea, al carecer de los medios necesarios para hacerlo en las dos provincias.

Destaca que los contratos públicos se rigen por una normativa muy exigente al establecer que antes de la adjudicación de cualquier servicio, aunque lo manifieste una sentencia firme, debe de acreditarse solvencia económica; tener los medios materiales para llevar a cabo el servicio, así como la subrogación del 100% de los trabajadores que actualmente prestan esta función, algo que no se podría efectuar ya que en la actualidad, los trabajadores, que han realizado varias concentraciones en señal de protesta, aseguran que están sufriendo amenazas de ser despedidos una vez se otorgue la concesión.

Por otra parte, en el informe jurídico referenciado, se pide "coherencia" en la aplicación de la sentencia ya que en un caso parecido en la provincia de Málaga, tanto la Junta de Andalucía como la propia empresa adjudicataria en un dictamen anterior también del TSJA, establecieron que era de imposible cumplimiento al encontrarse el contrato a punto de terminar, algo que ya ha ocurrido en Granada donde se encuentra concluido y prorrogado.

Los trabajadores de ambulancias se han manifestado en reiteradas ocasiones en la capital para reclamar que se garantice la calidad del servicio de traslados de pacientes en Granada respecto al número de vehículos y las condiciones de los mismos para dar el servicio, que se vele por que la adjudicataria demuestre que cuenta con todos los medios licitados para dar cobertura al servicio y que se garantice que ningún ciudadano quede sin cobertura.