Moclín reclama un cambio en la Zona de Bajas Emisiones de Granada porque “aísla al medio rural”

Granada/A partir del 1 de abril de este año entrarán en vigor las medidas en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital granadina, una nueva fórmula de movilidad que, en municipios como los Pueblos de Moclín, está generando "preocupación", según ha expuesto el consistorio de la localidad en una nota de prensa.

“Nos da la sensación de que echa por tierra todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace tiempo para apostar por el medio rural, por mejorar sus conexiones o su cercanía a ciertos servicios que sólo tienen los núcleos urbanos”, argumenta el alcalde, Marco Pérez, que acaba de aprobar un decreto para instar al Ayuntamiento de Granada a que reoriente su ZBE porque “aísla al medio rural”.

El gobierno municipal, que también presentará alegaciones a la norma, está “de acuerdo con llevar a cabo medidas para luchar contra la contaminación, un tema sobre el que urge trabajar desde diversas instituciones y políticas”. Sin embargo, considera que la ZBE granadina “resulta completamente incoherente por cómo aplica y a quién esas medidas, tiene un mero afán recaudatorio y, además, propicia más despoblación rural”, aseguran desde la Alcaldía. “Es como si nosotros cobrásemos una tasa por venir a respirar aire puro a nuestro pueblo”, compara el alcalde moclineño.

Traspaso de empadronamientos

Pérez lamenta que se ponga en marcha “una norma que blinda Granada y perjudica la libertad de movimiento de los vecinos de municipios como los Pueblos de Moclín, muchos de cuyos ciudadanos trabajan, hacen trámites o requieren ciertos servicios ubicados en la capital granadina”. “No todos los vecinos tienen la posibilidad de acceder a esta zona y por eso creemos que es una norma sesgada y que, además, propicia un traspaso de empadronamientos de nuestros vecinos en segundas viviendas, en caso de tenerlas, porque de esa manera sus vehículos se pueden mover”.

En este sentido, el alcalde de Moclín considera que la nueva ZBE “acentúa la despoblación del medio rural cercano, puesto que se está fomentando que las personas que tengan vivienda en Granada se empadronen allí y, por ende, discriminando a muchas otras que con estas medidas tienen serias dificultades para acceder a la ciudad”. 

Finalmente, reclaman al Ayuntamiento granadino “un enfoque más inclusivo”, que tenga en cuenta "las necesidades de las miles de personas que trabajan, compran o hacen parte de su vida en la capital", así como la colaboración con los demás ayuntamientos "afectados".