Cuatro años de multas en entredicho por la cámara de un semáforo en la N-432

El semáforo ubicado en Moclín, en el punto kilométrico 407 de la N-432, ha dado mucho que hablar desde que se instaló hace 5 años.

Han sido muchos los multados por su sistema de captación de imágenes y se llegó a crear una petición en la plataforma Change.org para que aumentara el tiempo en el que el semáforo está en ámbar, porque con los escasos tres segundos que duraba en este color era tarea imposible frenar a tiempo de evitar una sanción.

La gran sorpresa vino cuando el concejal del PP en el Ayuntamiento de Moclín, José Francisco Arcos, comenzó a investigar sobre la legalidad de este semáforo y mandó una carta a la Dirección General de Tráfico preguntando si había un convenio con el Ayuntamiento para la instalación de esta cámara a cuenta del municipio en plena carretera nacional, cuando los municipios, en principio, sólo tienen potestad para hacerlo en las vías urbanas. La respuesta fue tajante:

“No hay convenio firmado, acuerdo o encomienda de gestión entre la Dirección General de Tráfico entre el Ayuntamiento de Moclín por el que se delega el ejercicio de competencia sancionadora alguna en el alcalde de Moclín”.

Esta respuesta, firmada por el jefe provincial de Tráfico, dejó serias dudas sobre todas las multas impuestas en los últimos años en este semáforo y, según el edil popular, conllevaría que “el Ayuntamiento de Moclín debería devolver todo el dinero recaudado y, además, se deberían devolver los puntos del carnet que los conductores hayan podido perder en este tramo de la N-342”.

De hecho, en el convenio de colaboración firmado entre el la Jefatura Provincial de Tráfico y el Ayuntamiento de Moclín en materia de seguridad se especifica que le corresponde a la Dirección General de Tráfico “la resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos análogos para el control del tráfico”.

Consultada por este periódico, la actual alcaldesa de Moclín, Josefa Caba, afirma que hace más de un año que el cuestionado semáforo dejó de multar a los vehículos y que tras esta denuncia se esconde un interés “electoralista” por parte del concejal del PP.

Por su parte, y con estos antecedentes, José Francisco Arcos explica que, basándose en los decretos de pagos, el Ayuntamiento podría haber recaudado en multas entre 2015 y 2018 más de 480.000 euros, buena parte de los cuales procederían, según el concejal, de las multas del semáforo de la N-432, mientras que la empresa adjudicataria facturó al Ayuntamiento 264.000 euros, según los datos del edil popular.

“Se puede comprobar el carácter recaudatorio por parte de la empresa, pues para el Ayuntamiento, después de sufragar los costes facturados por la empresa, queda una recaudación de 216.170,51 euros, de los que aún habría que detraer los costes de personal para generar las notificaciones y el coste de estas notificaciones”, afirma.

El concejal denuncia que de los 80 euros iniciales que se cobraron entre julio y diciembre de 2014 por cada denuncia emitida, la empresa redujo “sin modificar el contrato” a importes del 55% para la empresa y 45% para el Ayuntamiento.

La previsión de 4 años para sufragar los costes de los equipos (60.000 euros) se estima que pudo recaudarse en aproximadamente 4 meses en 2014, periodo donde regía el Ayuntamiento Manuel García Cerezo.

Según José Francisco Arcos, se puede deducir el “manifiesto carácter recaudatorio” por parte de la empresa y el “seguidismo pasivo” del Ayuntamiento “que no llegó a cuestionarse nada más que una forma fácil de engrosar sus arcas”. “Los ciudadanos, al ver la fotografía y la grabación en vídeo del momento de saltarse el semáforo en rojo, no se paraban a pensar en alegar o si era o no sancionable por el Ayuntamiento y acudían al reclamo de la reducción del 50% por pronto pago, quedándose así la sanción en 100 euros y 4 puntos detraídos”, segú