El Ayuntamiento de Almuñécar celebró ayer un pleno extraordinario en el que aprobó la adaptación parcial del PGOU vigente a la LOUA, así como el inicio de la tramitación de las concesiones para dieciocho chiringuitos del municipio. La sesión estuvo marcada por la protesta de los grupos del PSOE, IU y PA, que se abstuvieron en todos los puntos por considerar que deberían debatirse en plenos ordinarios.

De esta manera, Convergencia Andaluza y el PP votaron a favor de la aprobación del expediente de Adaptación Parcial del PGOU de 1987 a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, redactado por los servicios técnicos municipales, conforme a lo señalado en el decreto correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Se trata de un procedimiento "excepcional" para hacer adaptaciones del planeamiento a la LOUA, "que ha tardado mas de un año en su tramitación por la complejidad administrativa y burocrática de la Junta", según explicó el alcalde, Juan Carlos Benavides.

Por otra parte, se aprobó iniciar la tramitación para solicitar la nueva ocupación del dominio público marítimo terrestre para 18 chiringuitos de Almuñécar y La Herradura, con el objetivo de renovar la concesión para funcionar en las playas. Con esta propuesta se ha iniciado la tramitación para solicitar la nueva ocupación para estos chiringuitos, entre los que se encuentra La Ponderosa, que fue demolido por orden judicial.

El resto de solicitudes corresponden a El Chambao de Joaquín, Mariano, La primera Ola, Playamar, La Dorada de Plata, Boto's, Tropical, La Barca, El Balate, La Gaviota, Bueno, Bambú, El rebalaje, Marina Playa, La Sardina, La Bola Marina y Bahía Fenicia, de nueva construcción en la Playa del Muerto

Otro asunto importante fue la aprobación de urgencia de la cesión para uso público de terrenos a Comarex, "requisito indispensable" para finalizar la calificación de catorce viviendas sociales para jóvenes en Citalsol y así poder llevar a cabo el sorteo.

La polémica de la sesión estuvo generada por su convocatoria "irregular", según denunciaron PSOE, IU y PA, en lo que para Benavides se trató de una postura de "obstrucción". Los tres grupos pretendían que todos los puntos se quedaran sobre la mesa por considerar que al no tener urgencia deberían debatirse en plenos ordinarios, y así lo habían consensuado previamente con el PP. No obstante, según denunció IU, "el PP rompió un acuerdo unitario de los cuatro grupos de la oposición que garantizaba unos mínimos democráticos", para lo cual "bastó que Benavides lo amenazara con dejarle sin liberados".

Por su parte, el alcalde manifestó que "si alguien en este pleno tiene constancia de que hay alguna infracción legal en la convocatoria que lo diga y lo suspendemos, pero si no es así, que no pretendan ocultar su falta de capacitación bajo cuestiones formales y procedimentales, con un discurso reiterativo y hueco en el que se obvia entrar en las cuestiones de fondo".