La Diputación de Granada, a través del área de Bienestar Social y la red de Servicios Sociales Comunitarios, ha atendido desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus (Covid-19), a más de 22.000 personas vulnerables con demandas de información, asesoramiento, intervención y movilización de recursos.

De las personas atendidas, 3.182 corresponden a altas de nuevos usuarios de servicios sociales sobre los que se ha realizado alguna gestión, que acuden por primera vez a este servicio por circunstancias sobrevenidas a raíz de la crisis y para los que se ha movilizado algún tipo de recurso, según concreta la institución provincial en una nota de prensa.

La diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, señala que la crisis ha multiplicado las necesidades sociales en la provincia, "generando graves dificultades en la cobertura de necesidades básicas en muchas personas y familias".

En este sentido, precisa que entre el 15 de marzo y el 14 de mayo se han registrado 9.762 nuevas intervenciones y, además, en 1.494 casos se han realizado gestiones sobre intervenciones ya abiertas anteriormente. En total, en estos dos meses se ha realizado 11.256 intervenciones de gestión y movilización de recursos.

De la Rosa, que subraya el papel de los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes en el desarrollo de estas actuaciones, insiste en que esta situación "sobrevenida" está provocando que surjan, y se agudicen, situaciones de riesgo en colectivos vulnerables que "se encuentran en una situación de desventaja socioeconómica tan grave que obliga a activar políticas que den respuesta de manera eficaz y ágil a sus necesidades evitando con ello que se vean abocados a situaciones de injusticia social".

Ante está situación, el personal técnico de servicios sociales comunitarios "está en primera línea de atención, de intervención y acompañamiento, actuando en muchas ocasiones como barrera de contención de la crisis", precisa la diputada provincial. Por ello, afirma que "es necesario reconocer y agradecer el gran trabajo que realizan a diario estos profesionales" en los pueblos de la provincia "y la colaboración y esfuerzo de todos los servicios implicados en la gestión económica y administrativa de estas ayudas para aprobarlas con la mayor celeridad posible". En este sentido, se ha referido al personal técnico del equipo provincial de Coordinación de Servicios Sociales, y los servicios de Gestión Presupuestaria, Intervención y Secretaria, "cuya labor es imprescindible".

Por otro lado, la diputada explica que dado el gran número de personas y familias con necesidades económicas sobrevenidas, la Diputación, junto con los ayuntamientos y con la colaboración de la Junta de Andalucía y del Gobierno, que ha dotado un Fondo Social Extraordinario, está haciendo un "enorme esfuerzo" para dotar económicamente las partidas presupuestarias dirigidas a ayudar a las familias y está adoptando medidas urgentes y extraordinarias para paliar esta situación.

Desde el inicio del estado de alarma se han aprobado 963 ayudas económicas familiares, ayudas de emergencia y de urgencia social a personas y familias por valor de 1.024.126 euros, que han beneficiado a más de 3.000 personas, y están en tramite de aprobación otros 204 expedientes de ayudas por una cuantía de 260.850 euros.

Por tanto, trascurridos dos meses desde el inicio de la crisis sanitaria, se ha tramitado ya por la red de Servicios Sociales de la Diputación de Granada, 1.167 expedientes de ayudas económicas que ascienden a un total de 1.284.976 euros. Esto supone que cerca de 4.000 personas se han beneficiado ya de este tipo de ayudas.

Por último, además de las propias ayudas económicas, los servicios sociales comunitarios de la Diputación de Granada y de los municipios, están colaborando con las consejerías de Educación y Deporte; y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para, de manera coordinada, desarrollar el Plan de garantía alimentaria (Plan Siyga) en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Según detalla la Diputación, este plan permite garantizar la alimentación adecuada a menores de familias vulnerables que asistían a comedores escolares ahora cerrados. Son 838 menores los que actualmente se benefician de la distribución diaria de menús en los municipios.