El 16 de octubre los propietarios de los 116 invernaderos de Albuñol afectados por un expediente de deslinden consiguieron paralizar los desalojos ante la falta de una autorización judicial que los técnicos del Servicio Provincial de Costas no portaban en ese momento. Sin embargo, tal y como está siendo notificado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), el 6 de noviembre los propietarios tendrán que abandonar las 25 hectáreas situadas en zonas del litoral de La Rábita y El Pozuelo (Albuñol) de forma definitiva. Esta situación, que ha sido catalogada por el portavoz y abogado de los afectados, Juan Carlos López Pérez, como "un episodio vergonzoso para un Estado de Derecho", ha vuelto a desempolvar una polémica que se remonta a los años 60 y que parece no encontrar solución.

En el año 1964 se inició un proceso de deslinde en las zonas marítimo-terrestres de La Rábita y El Pozuelo que no llegó a llevarse a cabo. Casi una década después, en 1973, las inundaciones a causa de un temporal que azotó la provincia modificaron el borde del litoral, lo que propició que dos años más tarde se realizase otro deslinde con una nueva delimitación del terreno sobrante. Sin embargo, en 1977 se estimó que "no era necesario" que dichos terrenos pasasen a ser patrimonio de la Administración, por lo que todo quedó paralizado.

Los afectados no tienen constancia de que haya orden judicial de derribo a día de hoy

Ante la falta de efecto de los deslindes, las 25 hectáreas afectadas fueron empleadas por los propietarios para continuar con sus plantaciones agrícolas, hasta que en el año 2000 el cajón de la polémica volvió a abrirse: se ratificaba el deslinde del dominio público marítimo-terrestre de la zona. Pese a que el expediente de recuperación posesoria de oficio no fue incoado hasta junio de 2011, no ha sido hasta este año cuando la Dirección Provincial de Costas ha decidido ejecutar los deslindes, para lo que se fijó como fecha el 16 de octubre.

Los vecinos afectados se manifestaron tres días antes frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno para exigir la "paralización de un deslinde de hace 40 años, que no obedece a la situación real actual y que solo causa perjuicios". Sin embargo, a las 9:00 horas del lunes 16, las máquinas de Costas ya estaban en la zona dispuestas a realizar unos derribos que finalmente no llegaron a realizarse.

Los abogados solicitaron a los técnicos de Costas la orden judicial de derribo, un papel que según fuentes de la institución pública no tenían "ya que se estaba ejecutando un acto administrativo que no requería dicho permiso", pero que ya ha sido solicitado y que incluso podría propiciar que los vecinos tengan que pagar las costas de los derribos, ante la negativa de haberlos realizado ellos mismos.

El letrado de los agricultores, "no tenemos constancia de que se haya pedido la orden judicial de derribo. Si bien, sí se está notificando a los propietarios vía BOE que el 6 de noviembre Costas va a tomar posesión de los terrenos". Pese a ello, "si no hay orden judicial, entendemos que estaremos en la misma situación que el 16 de octubre".

Asimismo, los afectados han solicitado la nulidad del expediente "porque al parecer las órdenes ministeriales en las que se basa no estaban publicadas correctamente. Además estamos planteando una demanda ante los Tribunales Europeos de Derechos Humanos y hemos presentado las quejas ante los defensores del pueblo tanto andaluz como nacional, quienes ya han abierto expediente informativo a ver qué ocurre, y también hemos remitido un informe a la ministra de Medio Ambiente y al director general de Costas", según indicó el abogado, que confirmó que continuarán los actos públicos.

El primero, tendrá lugar este viernes a las 12:00 horas y será una manifestación que partirá desde el Ayuntamiento de Motril hasta la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa; y el segundo, será una concentración que se llevará a cabo el día 10 de noviembre frente al Ayuntamiento de Albuñol. Con estos actos se pretende instar a la administración a que se busque una solución para "un episodio incomprensible que va a hacer daño a mucha gente". Mientras tanto solo queda continuar con la batalla judicial y esperar a ver qué ocurre finalmente con estos terrenos.