Un juzgado ha declarado nulo el despido de un trabajador del Ayuntamiento de Lanjarón al entender que, por parte del organismo municipal, ha habido una "represalia discriminatoria por la tendencia política del despedido", simpatizante del Partido Popular, y su "enemistad" con los responsables del equipo de gobierno, del PSOE.

En la sentencia, el Juzgado de lo Social número 2 de Granada obliga al consistorio a readmitir al trabajador, de iniciales A.M.S.F., en las mismas condiciones en las que desempeñaba su trabajo antes del cese, a abonarle también con 1.072 euros en concepto de salarios de trámite desde el pasado noviembre y a indemnizarle además con la cantidad de 3.000 euros por el proceso depresivo en el que se vio sumido.

El despido se produjo después de que el trabajador hubiera denunciado por la vía penal por amenazas e insultos a Mariano Ruiz (PSOE), alcalde de Lanjarón desde las pasadas elecciones municipales -antes de esos comicios gobernaba el PP-, así como a la número dos del actual equipo de gobierno, María Ruiz Fernández, y al marido de ésta.

Aquella denuncia derivó en un juicio de faltas del que fue excluido finalmente el alcalde, absuelta la concejal y condenado por una falta de amenazas el marido de ésta.

Según el fallo que ahora declara nulo el despido, por considerar que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales, el trabajador fue sustituido en sus labores por otra auxiliar administrativa vinculada al entorno familiar de un concejal del actual equipo de gobierno.

A.M.S.F. comenzó a prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Lanjarón en el año 2000, sin estar por entonces dado de alta en la Seguridad Social. Esto no ocurrió hasta julio de 2003, cuando se le hizo un contrato para "atender exceso de pedidos".

En 2004 trabajó como auxiliar administrativo en el Juzgado de Paz, y desde enero de 2007 hasta el momento de su despido atendió al público en el consultorio médico.

Según la sentencia ahora dada a conocer, el Ayuntamiento de Lanjarón le comunicó el pasado 24 de agosto la finalización de su contrato laboral, con fecha de 8 de septiembre, sin motivar las causas.

Entre otras apreciaciones, el juez dice que "llama poderosamente la atención la dinámica clientelar de acceso a los distintos puestos de trabajo desempeñados, asumida por la anterior corporación municipal y que la actual, como sucesora, debe asumir".

Considera además que existe un "evidente indicio" de que la decisión de extinguir el contrato obedece a "represalias" del actual alcalde, que había sido denunciado previamente por el trabajador, junto a una concejal del actual equipo de gobierno.

Contra la sentencia ahora emitida cabe interponer un recurso de suplicación ante la sala de los Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía.