La lucha sigue para la Plataforma por la Defensa del río Castril. Si hace dos meses llegaba una gran noticia para los intereses de esta asociación ecologista en forma de sentencia del Tribunal Supremo que blindaba un ecosistema acuático en Aragón frente a obras especulativas no justificadas, ahora la plataforma se encuentra con el problema de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está intentando reactivar las expropiaciones para el trasvase del río Castril.

Un tira y afloja constante pese a que el colectivo ecologista ya consiguió un espaldarazo en 2011 cuando el TS paralizó el trasvase por considerar que no tiene cobertura legal. No obstante, sigue sin haber entendimiento y es por lo que la Plataforma en Defensa del río Castril se ha unido a los ayuntamientos de Castril y Cortes para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitando la caducidad del expediente de expropiación forzosa de los terrenos afectados por las obras proyectados en este polémico trasvase.

La lucha persiste desde hace muchos años.

Esta asociación que acapara esta lucha desde hace décadas considera que el telón de fondo de estas expropiaciones, que ha vuelto a poner en marcha la Confederación Hidrográfica 14 años después de su paralización, está el hecho de que numerosos grupos de desarrollo rural de las comarcas de Baza y Huéscar para sentar las bases de las alegaciones propuestas al III Plan Hidrológico del Guadalquivir. Asimismo, el mes pasado hubo una reunión de los representantes de la plataforma con el presidente de la CHG, Joaquín Páez, sin que se llegara a ningún tipo de acuerdo entre ambas partes.

Falta de voluntad política

La Plataforma en Defensa del río Castril cree, por tanto, que la decisión de la CHG de seguir adelante con las expropiaciones se da justo después de la reunión fallida y por una "falta de voluntad política de solucionar el conflicto del trasvase del río". Es por ello que este grupo solicita "de una vez por todas que la CHG y el Gobierno Central cumpla las sentencias judiciales en vez de buscar artilugios para saltárselas y acate las decisiones del Tribunal Supremo cuando mandó paralizar el proceso de expropiaciones del trasvase del río Castril".

Plataformas y ayuntamientos se unen contra el trasvase.

El proceso de expropiaciones se intentó activar en junio del año pasado por una supuesta seguridad jurídica del expropiado, motivo por el cual la mayoría de las partes afectadas (dueños de las fincas a expropiar) conjuntamente con la plataforma y los ayuntamientos de Castril y Cortes presentan unas alegaciones en contra, solicitando la caducidad de las mismas.

A su vez, desde la plataforma denuncian la actitud de la CHG, "que con esta actuación intenta romper el consenso conseguido en el territorio del Altiplano de Granada apostando por soluciones alternativas al trasvase y no respetando el proceso de participación ciudadana que se está llevando en el territorio liderado por el Grupo de Desarrollo Local con la participación de todos los sectores afectados para la adaptación de los planes a la Directiva Marco del Agua".