"Con total normalidad". Así ha entrado en funcionamiento el nuevo servicio provincial de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Ecocentral, que asume las competencias en esta materia una vez disuelto el consorcio Resur, que a 30 de junio acumula una deuda de 28 millones que está siendo afrontada con los ayuntamientos deudores por una comisión liquidadora. Así lo aseguró ayer el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del área de Medio Ambiente, José Robles, que recordó que los 168 municipios de la provincia han delegado, de un modo u otro, las competencias del tratamiento de residuos al nuevo servicio provincial. También han encargado el tratamiento de residuos a la Diputación un total de 75 grandes superficies y empresas que operan en la provincia de Granada.

"Se trata de un servicio básico y fundamental que tienen que prestar los ayuntamientos y que la Diputación ha puesto a su servicio", manifestó Robles, para quien se ha demostrado que "las diputaciones sirven como eje de cohesión y vertebración de una provincia como la de Granada". "Lejos de suprimirlas como pedía el PSOE hace unos meses, creemos que son fundamentales sobre todo para los municipios pequeños", indicó.

La Ecocentral ha asumido mejoras como las que permiten hacer todas las gestiones en la misma planta en Alhendín o de forma telemática, y ha modificado su horario para que los residuos se lleven menos tiempo a la intemperie, atenuando los problemas de olores sobre todo en La Malahá.

Se trata de un "referente nacional" en el campo del tratamiento de residuos, señaló el vicepresidente segundo que anunció una visita de una delegación murciana para conocer instalaciones y sistema de gestión, y lo contrapuso a "la fórmula anterior que era ineficaz, insostenible e inviable".

En este sentido, Robles volvió a pedir colaboración al PSOE para que los ayuntamientos que gobierna cooperen para saldar la deuda que tienen con el antiguo consorcio Resur. "Los ayuntamientos del PP ya han suscrito convenios con la Diputación Provincial para sufragar esas deudas", recordó el vicepresidente segundo.

De no firmarse convenios como los que se han rubricado con Granada o Motril, se ejecutaría la correspondiente prelación de pagos al interventor o, en último término, se procedería a tomar las medidas judiciales oportunas teniendo en cuenta que "puede que haya incluso una apropiación indebida de fondos".