Vox denuncia que el Ayuntamiento de Gójar esconde dos sentencias que costarán a los vecinos un millón de euros

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gójar, Otilia Alarcón, ha desvelado que el consistorio gobernado por el PSOE ha sido condenado al pago de 446.423,17 euros a la empresa Frandagas SL, a lo que se suma otra condena que no es firme por una cantidad muy similar, 431.443,59 euros, y que haría que el Ayuntamiento tuviera que hacer frente a cerca de un millón de euros en sentencias condenatorias relacionadas con la licencia concedida en 2004 a la citada empresa para la construcción de una gasolinera que fue declarada nula tres años después en una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La portavoz de Vox ha denunciado que esta resolución, fechada el 11 de diciembre de 2024, no ha sido tenido en cuenta en los presupuestos de 2025 que fueron llevados a pleno y aprobados en el mes de abril, “omitiendo deliberadamente el PSOE esta sentencia”, por lo que los presupuestos “no se ajustan a la realidad”.

“Hemos preguntado en diversas ocasiones al alcalde, Joaquín Prieto, por los temas judiciales que tenía pendiente el Ayuntamiento, incidiendo especialmente en este caso, y siempre nos ha respondido con evasivas afirmando que ‘no se hablaba de temas judiciales’, además de no dignarse a responder a nuestros escritos demostrando el oscurantismo y la falta de transparencia existente en este consistorio”, según ha señalado Otilia Alarcón.

La portavoz de Vox también ha pedido explicaciones al alcalde socialista sobre qué acciones piensa tomar después de que la empresa demandante haya solicitado el embargo de once fincas urbanas de propiedad municipal para hacer frente a la condena, “una posible pérdida de patrimonio para los vecinos y para el municipio que el alcalde deberá de explicar”, ha continuado la concejal después de conocer que la empresa demandante ha desestimado el plan de pago presentado por el Ayuntamiento a razón de 10.000 euros mensuales durante los próximos ocho años.

Respuesta del alcalde

Por su parte, el alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, ha defendido la transparencia en su gestión y ha desmentido las acusaciones vertidas por la portavoz de Vox, de quien ha afirmado que defiende los intereses de una empresa particular por encima de los de los vecinos. El regidor ha recordado que el propietario de la empresa que reclama el cumplimiento de la sentencia es hermano del concejal del mismo partido político en La Zubia, José María Puentes, "lo que explica el interés de la concejal".

Además, ha señalado que es "rotundamente falso" que el Ayuntamiento esté ocultando información o sentencias judiciales. Tal como consta en el acta del pleno ordinario celebrado en diciembre de 2024, el alcalde informó con claridad sobre la sentencia relativa a la gasolinera y sobre la imposibilidad de presentar el presupuesto debido a que se estaban analizando las implicaciones de determinadas resoluciones judiciales. "No cabe mayor ejercicio de transparencia que informar en un pleno abierto a la ciudadanía", ha apuntado Prieto, que ha subrayado que la portavoz de VOX no realizó ninguna pregunta ni observación al respecto.

Desde que se conoció la sentencia a la que alude Vox, el Ayuntamiento ha actuado con la "máxima diligencia", ha explicado, "intentando alcanzar un acuerdo con la empresa demandante para facilitar el inicio del procedimiento de pago, priorizando siempre la estabilidad económica del consistorio y la prestación de servicios públicos". Ante la negativa de la empresa a aceptar un acuerdo "razonable", el Ayuntamiento se ha visto obligado a recurrir la sentencia. Este proceso judicial está en curso, y por respeto a la legalidad y a la independencia del poder judicial, el equipo de gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre el fondo del asunto: "No porque haya nada que ocultar, sino precisamente por responsabilidad institucional y prudencia jurídica".

El alcalde ha insistido en que la prioridad del municipio "es proteger el interés general y garantizar la sostenibilidad del municipio frente a decisiones judiciales que tienen su origen en gestiones realizadas hace más de dos décadas por corporaciones anteriores".