La Zona de Bajas Emisiones divide el Área Metropolitana de Granada en rojos y azules

Granada/La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada entra en vigor de forma oficial el próximo 1 de abril. A partir de ese día, no podrán entrar en la ciudad los vehículos altamente contaminantes, que son los que no tienen etiqueta ambiental, es decir, los de antes de 2006 para diésel y anteriores a 2001 para gasolina. Una restricción que tendrá sus excepciones, recogidas en una 'lista blanca', como la entrada a hospitales, farmacias o talleres. Los grandes afectados por la ZBE serán los municipios del Área Metropolitana, con gran presión de movilidad hacia la capital para trabajo, centros escolares, compras o negocios. Si tienen un coche de los restringidos, tienen que dejarlo en un aparcamiento disuasorio.

La aplicación de la Zona de Bajas Emisiones, lejos de tener consenso como medida de mejora de la calidad del aire obligada por ley a los municipios de más de 50.000 habitantes, ha dividido al Cinturón en dos: en rojos y azules. Porque ante unas mismas medidas que afectan a todos los municipios del Área Metropolitana por igual, mientras unos la califican de inconstitucional o piden su paralización inmediata por la falta de acuerdo, otros no alegan porque consideran que la medida se va a implantar sí o sí y tienen mejoras en sus transportes y conexiones que no harán el cambio tan perjudicial para sus vecinos.

Y se divide en rojos y azules no por casualidad sino porque los nueve municipios que han anunciado alegaciones, todos están gobernados por el PSOE. ¿Y qué pasa con los gobernados por el PP? Este periódico ha contactado con los alcaldes de Ogíjares, Albolote y Vegas para saber su posición y por qué no han alegado. Tampoco han anunciado alegaciones, por ejemplo, los municipipos de Churriana o Las Gabias. Oficialmente los regidores niegan que haya consigna de partido de no presentar alegaciones al proyecto de Granada pero se mantienen a la espera de cómo se resuelvan las alegaciones presentadas y últimas reuniones informativas para seguir solucionando dudas de sus vecinos.

Estéfano Polo, alcalde de Ogíjares, asegura que tiene pendiente una nueva reunión con el área de Movilidad para solucionar unas últimas dudas y reconoce que hay que tomar medidas para cuidar el medio ambiente y que los vehículos afectados son altamente contaminantes. Según Polo, las principales dudas de sus vecinos se refieren a dónde podrán aparcar o a si habrá refuerzo de las conexiones entre el municipio y la capital para paliar el efecto de la ZBE. "Después de esa reunión tomaremos una decisión", dice, aunque el periodo de alegaciones a la ordenanza de Movilidad ya ha terminado.

El alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, argumenta que no hayan presentado alegaciones en que ya han celebrado reuniones previas con la capital para el área de prestación conjunta del Taxi y a através del Consorcio de Transporte y que se han ido "realizando sugerencias y aportando dudas" que entiende resueltas en esas conversaciones previas y que se tendrán que ver también en la resolución final de alegaciones. Para el municipio de Albolote, el contar con el Metro es una gran ayuda a la movilidad de los vecinos que se puedan ver afectados por las restricciones, además de las líneas de autobús para la zona de urbanizaciones y el caso urbano. Entre las principales preocupaciones que les transmitieron sus vecinos y han hecho llegar a la capital, están los accesos a hospitales o los centros de trabajo, además de los aparcamientos disuasorios, dudas acompañadas de sugerencias que entiende contestadas y admitidas en las ampliaciones a las excepciones que se han ido haciendo este tiempo. Además, reconoce que todos los cambios son traumáticos al inicio pero también es consciente de que Granada tiene que aplicar una ZBE por ley.

Por su parte, Mari Carmen Ros, alcaldesa de Vegas del Genil, ha dicho que no han presentado alegaciones porque han conseguido mejoras en el transporte público que ofrecen alternativas de movilidad a sus vecinos. "La línea 154 que conecta de forma directa con Granada va a pasar de tener una frecuencia de una hora y cuarto a treinta minutos, una medida que empezará a funcionar para mediados de marzo, antes de que entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones, y que era también una gran demanda de los vecinos". El aumento de la frecuencia estará sufragado por el propio consistorio, con una aportación de más de 250.000 euros, por lo que considera que se mejora la conexión del municipio. Además, asegura que han mantenido reuniones previas a través del Consorcio de Transporte en las que se han ido informando de los cambios y resolviendo dudas.

Frente a esto, hasta nueve municipios han registrado alegaciones a la nueva Ordenanza de Movilidad de Granada que incluye la Zona de Bajas Emisiones y que tiene que estar en vigor para su puesta en marcha el 1 de abril. Son Armilla, Pulianas, Pinos Puente, Otura, Monachil, Huétor Vega, Maracena, Moclín y Cúllar Vega. Todos ellos coinciden en reclamar una planificación conjunta teniendo una visión metropolitana de la movilidad de Granada por su efecto en los pueblos del Cinturón y piden que no haya perjuicios desproporcionados para los que viven fuera de Granada pero entran diariamente a trabajar, al médico, al colegio, a comprar o a abrir sus negocios.

El último en sumarse a las alegaciones ha sido Cúllar Vega, que pide directamente la paralización inmediata del proyecto al entender que afecta directamente al municipio y a la movilidad y vida de sus vecinos. El alcalde, Jorge Sánchez, pide que la medida no se diseñe "de manera unilateral” sino que parta del consenso y del diálogo. “Además, el proyecto de ZBE afecta gravemente al sector de trabajadores, especialmente al colectivo de autónomos que si no tiene su domicilio fiscal en Granada no podrán acceder con su vehículo a la prestación de sus servicios, entrega de bienes…, en contraposición a los residentes en Granada, que podrán libremente desarrollar su actividad sin ninguna limitación, incluso en el resto de los municipios del área y de la Provincia en una clara vulneración de la libre competencia”, algo que no podemos entender, un vehículo no contamina más o menos dependiendo de donde pague el rodaje, señala el primer edil.

Todos los municipios coinciden también en pedir accesos sin restricciones a todos los centros sanitarios y hospitales, públicos y privados, y hablan también del perjuicio para el alumnado de la Universidad. Tambien piden un estudio de impacto socioeconómico "objetivo".

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, llegó a decir que incluso podría ser inconstitucional porque "introduce una discriminación injustificada entre ciudadanos según su lugar de residencia", lo cual "vulnera los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad". Solo en Armilla, casi 5.000 vehículos quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30% del parque móvil del municipio.

Tras ir conociéndose las alegaciones de estos municipios, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, defendió que sí ha habido diálogo con los municipios del Área Metropolitana y que en esas reuniones previas no se habían presentado iniciativas de cambio o modificación. Dijo que estudiarán todas las alegaciones e insistió en que el diálogo se abrió dentro del Consorcio Metropolitano de Transportes, el cual considera que era el "marco más conveniente" ya que ahí "están representados todos los ayuntamientos" del Cinturón. "Es más, se abrió también un plazo para que en ese marco se presentaran todas aquellas iniciativas que creyeran los ayuntamientos que podían ayudar a mejorar esa Zona de Bajas Emisiones que se presentó en ese Consorcio", aseguró.

Ahora, una vez concluido el periodo de presentación de alegaciones, tocará esperar a ver el dictamen del área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada y ver si introduce algún cambio o no. También en el Ayuntamiento de Granada los grupos municipales de la oposición, PSOE y Vox, han presentado alegaciones a la ordenanza.