El coste invisible

Los cuidados no remunerados rara vez se contabilizan en los presupuestos públicos. / Eduardo Parra / Europa Press

Hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos, pero también de economía, salud y desigualdad. En todo el mundo, las personas con discapacidad viven una realidad persistente: necesitan gastar más para sobrevivir en sistemas que les ofrecen menos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 16 % de la población mundial —más de 1.300 millones de personas— vive con alguna forma de discapacidad. Según su World Report on Disability (2023), la mayoría enfrenta un doble impacto económico: mayores gastos en atención y menos oportunidades de ingreso.

Las cifras del Banco Mundial (2022) confirman esta tendencia: las personas con discapacidad tienen entre el doble y el triple de riesgo de caer en pobreza. Los gastos suelen incluir tratamientos médicos, ayudas técnicas, transporte o asistencia personal, y muchas veces no están cubiertos por los sistemas públicos. A ello se suma una precariedad laboral sistemática: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra tasas de desempleo más altas y empleos menos estables para este colectivo.

La salud no es un lujo

No todas las personas con discapacidad están enfermas, pero muchas requieren atención sanitaria continua. El problema surge cuando los sistemas de salud no contemplan esta realidad. En países de ingresos medios y bajos, la atención especializada se concentra en grandes ciudades, obligando a desplazamientos costosos o al endeudamiento para cubrir terapias básicas.

La falta de accesibilidad física, comunicativa y actitudinal en hospitales —escaleras sin rampas, formularios ilegibles, personal no capacitado— transforma el derecho a la salud en una carrera de obstáculos. La ONU (2020) considera estos déficits una violación directa del principio de igualdad de oportunidades.

Exclusión estructural

La discapacidad está estrechamente ligada a la pobreza, no por causas médicas, sino estructurales. Unicef (2021) muestra que los niños con discapacidad tienen un 49 % más de probabilidades de no asistir a la escuela, lo que reduce su capital educativo y sus futuras oportunidades laborales.

En la adultez, las barreras continúan: discriminación, falta de accesibilidad y políticas de apoyo insuficientes. En muchos países, las pensiones por discapacidad son demasiado bajas o están condicionadas a la inactividad, creando un dilema entre trabajar o conservar la ayuda. ONU Mujeres (2023) advierte que las mujeres con discapacidad enfrentan un triple desafío de exclusión por género, condición y precariedad: menor acceso al empleo, más pobreza y mayor carga de cuidados invisibles.

La discapacidad no afecta solo a la persona, sino a su entorno familiar. Familias enteras reorganizan sus vidas para cubrir cuidados y acompañamientos. En muchos hogares, un miembro —frecuentemente una mujer— deja su empleo para dedicarse al cuidado, lo que reduce los ingresos y limita la independencia económica del hogar. Este trabajo de cuidados no remunerado rara vez se contabiliza en los presupuestos públicos. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que “la dependencia de cuidados no reconocida reproduce desigualdades y frena el desarrollo económico”.

La discapacidad no es un “costo social”, sino un indicador de la desigualdad estructural. Los gobiernos y las instituciones económicas suelen medir la inclusión desde el gasto, cuando deberían hacerlo desde la inversión. La accesibilidad universal, los entornos laborales sin barreras y las políticas de apoyo mejoran la productividad y reducen la dependencia.

De hecho, la OIT calcula que los países que impulsan políticas inclusivas podrían aumentar su PIB entre un 3 % y un 7 %. Invertir en inclusión no solo es justo: es económicamente inteligente. Repensar el modelo. El desafío global consiste en pasar del asistencialismo a la corresponsabilidad. La discapacidad no debe abordarse desde la caridad, sino desde la justicia redistributiva. Garantizar accesibilidad, servicios sanitarios inclusivos, educación y empleo digno no es un gasto; es una inversión en equidad y sostenibilidad. Porque cuando una sociedad permite que vivir con discapacidad signifique gastar más y ganar menos, no solo excluye: se empobrece a sí misma.