Sociedad

El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia internamientos irregulares en los CIE

Presentación del informe del SJM en Madrid.

Presentación del informe del SJM en Madrid. / EP

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado este lunes su informe sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) correspondiente a 2022 en el que denuncian internamientos que "no son procedentes", por ejemplo, de ciudadanos de la UE, o con régimen comunitario; solicitantes de protección en otros países; posibles menores, mujeres que han sufrido violencia de género o personas con largas trayectorias de arraigo.

La organización ha manifestado su "preocupación" al detectar estos perfiles pero, además, también critica una diferencia de régimen entre centro que, según indica, implica "desigualdad de derechoso la falta de servicios sanitarios a los internos.

Según los datos del Ministerio del Interior, el año pasado hubo 2.082 personas internadas en CIE, lo que supone un aumento de 241 personas, con respecto a 2021. La entidad ha explicado que esta cifra está "influida por las medidas de prevención de contagios y por las políticas de readmisión de otros Estados".

Más discernimiento

También destaca, también en los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que hubo durante todo ese año 44 mujeres internadas "de nacionalidades muy variadas", 23 de las cuales solicitaron protección internacional. Solo nueve fueron admitidas a trámite.

La entidad reclama un mayor discernimiento en los procedimientos de autorización de internamiento. Pero también, que se ha observado una "mala práctica" con algunas personas internadas que manifestaron su voluntad de solicitar protección internacional y a las que, "en vez de facilitar la entrevista correspondiente" les han hecho "firmar un documento en el que consta, con la puesta en libertad, su renuncia al procedimiento de protección".

SJM ve, además, un "problema de fondo" en la situación de los CIE en 2022 y es "las diferencias de régimen entre unos y otros" centros. A su juicio, falta elaborar normas de régimen interior en cada CIE, armonizadas por la Dirección General de la Policía, y de acceso público que eviten diferenciaciones entre internos cuando estos están en un CIE u otro.

Del mismo modo, ha denunciado casos de personas internadas con problemas de salud de cierta entidad a los que no podía dar respuesta el servicio médico-sanitario o a una derivación puntual al hospital.

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