El Colegio Oficial de Arquitectos de Granada tiene su sede en Casa Zayas, un edificio histórico rehabilitado por los arquitectos a finales del siglo XX. Su Decano, Luis Alberto Martínez Cañas, preside desde 2015 la Junta de Gobierno que dirige la corporación.

Desde 2018 el Colegio dispone de otra sede, esta de carácter virtual, bajo la denominación COA Granada ON-LINE que surgió bajo la premisa de romper la barrera de lo presencial y hacer accesible la actividad colegial más allá del límite físico de su sede.

–¿Qué funciones desempeña el Colegio de Arquitectos?

–Su objetivo primordial es servir a la mejor realización de la Arquitectura, el Urbanismo y el Medio Ambiente, a la realización del derecho de todos a una vivienda digna y a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico.

Su principal función es velar por la calidad del ejercicio profesional defendiendo los derechos e intereses de sus miembros y de los consumidores y usuarios.

–¿Es obligatoria la colegiación?

–En la Arquitectura , como profesión titulada y regulada cuyas competencias vienen fijadas por ley por ser una actividad cuyo desarrollo incide en la seguridad y salud de las personas, la colegiación es obligatoria en todas las formas del ejercicio profesional, bien sea libre, asalariado o al servicio de la administración pública.

–¿Qué servicios ofrece a sus colegiados?

–El Colegio facilita la formación continuada, sirve como buscador de empleo, lucha contra el intrusismo, asesora a los arquitectos en el ejercicio profesional y en sus relaciones con las Administraciones Públicas velando por que se garanticen los deberes y se respeten los derechos y el trabajo profesional de sus colegiados en particular y de los arquitectos en general. Actúa ante los Juzgados y Tribunales en defensa de los fines e intereses de la profesión y de los profesionales colegiados que voluntariamente la encomienden al Colegio.

De oficio o a instancias de sus colegiados analiza las convocatorias de concursos, así como las convocatorias públicas de empleo para comprobar su adecuación a ley.

“El arquitecto, debido a su amplia formación, puede ofrecer un extenso abanico de servicios”

–¿Cómo ha afectado al Colegio y a sus colegiados el estado de alarma provocado por la pandemia Covid-19?

–El Colegio se adaptó sobre la marcha a la nueva situación, de forma que desde el primer día de entrada en vigor del estado de alarma, continuó funcionando en la modalidad telemática, todo ello sin merma alguna de los servicios que hasta esa fecha prestaba presencialmente de tal forma que muchos colegiados no supieron realmente si la sede colegial en Casa Zayas permaneció abierta o cerrada durante ese periodo.

Otros servicios como las actividades de formación, gracias a la plataforma virtual COA Granada ON-LINE se realizaron telemáticamente de forma que los colegiados no sólo no vieron interrumpidos dichos servicios sino que además los recibieron a precio reducido e incluso gratuito.

En cuanto a los arquitectos, su actividad no se ha visto afectada de lleno por la crisis sanitaria a diferencia de la anterior crisis inmobiliaria y financiera de 2008. Al no encontrarse entre las actividades paralizadas por el estado de alarma no ha experimentado disminución en comparación con el año anterior, lo que se puede deducir del número de viviendas visadas que durante el presente año 2020 va a alcanzar la misma cifra que el pasado 2019, si bien rompiendo la inercia alcista que se venía apreciando en años anteriores, por lo que nos hace ser cautos en las previsiones para el próximo 2021.

Por otra parte la plena adaptación del colectivo a las tecnologías telemáticas y al trabajo a distancia ha permitido que los estudios hayan seguido funcionando pese al confinamiento general.

–¿Hay más demanda de arquitectos para obra nueva o para reformas?

–En la actualidad se estima que sólo un 50% de los arquitectos colegiados ejercen la profesión bajo el modelo clásico establecido de proyectar y dirigir obras de edificación, de las cuales un 85% son de obra nueva y un 15% de reforma o rehabilitación, entendiendo éstas últimas como aquellas que por su envergadura o por realizarse sobre edificaciones catalogadas requieren un proyecto arquitectónico y que ha de ser visado con carácter obligatorio por Ley. Para el resto de obras de reforma de índole menor, que no requieren de proyecto arquitectónico y por tanto no precisan visado obligatorio, no disponemos de datos estadísticos pero se aprecia una tendencia cada vez mayor a que se confíe a los arquitectos la ejecución de ese tipo de obras ya que por sus conocimientos y solvencia profesional están plenamente capacitados para desarrollarlas siguiendo el axioma de “quien puede lo más puede lo menos”.

–Los particulares, ¿contratan arquitectos o se arriesgan con otro tipo de profesionales para ahorrar dinero?

–Existe la creencia de que el arquitecto pudiera no estar interesado en abordar proyectos u obras de las denominadas menores como la reforma de un piso o de un local, o que sus honorarios pudieran ser mayores que los de otro técnico competente. Nada más lejos de la realidad, tanto en el interés por ese tipo de proyectos, donde el arquitecto, debido a su amplia formación, puede ofrecer un extenso abanico de servicios al cliente que van desde el proyecto, el estudio económico de la obra, la elección de materiales y hasta el amueblamiento, es decir lo que se denomina “llave en mano”, como en sus honorarios que en primer lugar irán en función de los servicios prestados y en segundo lugar habrán de adaptarse al libre mercado.

–¿Por qué es importante la labor de un arquitecto?

–Porque es el profesional con competencia exclusiva para redactar los proyectos de edificios de carácter administrativo, docente, cultural, sanitario, religioso y residencial en todas sus formas y con competencia compartida con otros técnicos para el resto de los usos posibles en la edificación (aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica, del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal, industrial, naval, del saneamiento e higiene etc.), todo ello según se recoge en la Ley de Ordenación de la Edificación en vigor desde el 5 de noviembre de 1999.

Es un profesional cuyas competencias y capacidades están reguladas legalmente por afectar a la seguridad de las personas y cuyo ejercicio profesional está amparado mediante la cobertura de un seguro obligatorio de responsabilidad civil, lo que sin duda se constituye en una garantía de solvencia para quien contrata sus servicios.