El Tribunal General de la Unión Europa (TGUE) acaba de confirmar la decisión del Parlamento Europeo que levantó la inmunidad al ex presidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde octubre de 2017. La sentencia es extensiva a los ex consejeros Clara Ponsatí y Toni Comín y permitirá a la Audiencia Nacional reactivar la orden de detención para la entrega a España de los tres políticos independentistas. Eso sí, sin que ya se les pueda perseguir por el delito de sedición y con una malversación descafeinada tras la reforma a la carta que acordó Pedro Sánchez con su socio parlamentario ERC para minimizar las consecuencias del llamado procés. La victoria inicial puede transformarse en pírrica ante el horizonte que se abre. Puigdemont tiene dos meses para recurrir en alzada ante la instancia suprema del tribunal europeo. De ratificarse este fallo luego habrá que aguardar a la decisión que adopten los jueces belgas, con magistrados que se han atrevido a cuestionar las garantías procesales que ofrece el estado derecho español, algo que desmonta la sentencia del TGUE. Y todo con el horizonte de mayo de 2024, con la celebración de elecciones europeas que podría devolver la actuación a la casilla de partida. Pero más allá de las consecuencias directas, que las hay, la sentencia europea devuelve la confianza a unas instituciones que deben velar por sus estados miembros. El problema no es dilucidar si Puigdemont debía o no conservar su inmunidad como diputado sino si el Parlamento debió denegársela cuando tomó posesión sin cumplir los requisitos que exige la legislación española y cuando estaba en marcha contra él un proceso judicial por hechos tan graves como el intento de subvertir ilegalmente el orden constitucional. La Unión Europea aspira a ser algo más que un club de socios con intereses económicos. También una justicia común debe figurar entre las prioridades más urgentes por conseguir.