Granada

La Audiencia amplía las penas y los metros a derribar del Nevada

  • El fallo fija un año y tres meses de cárcel para Olivo, Morales Cara y Cañavate · Condena a ocho meses a otros cuatro concejales de Armilla · Plantea compensar con suelo para evitar la demolición

Que en principio nadie irá a la cárcel y que el centro comercial de Tomás Olivo podrá por fin ser terminado y abrir sus puertas, son los dos principales mensajes que deja una lectura en positivo de la sentencia definitiva del caso Nevada. La resolución, no obstante, tiene más malo que bueno para los procesados, puesto que endurece las penas que el verano pasado les impuso el juez de Penal 3 y amplía la lista de 'culpables', que pasa de tres a siete, al ser condenados también los otros cuatro ediles de Armilla que fueron procesados.

Lo que ha hecho la Audiencia de Granada exactamente ha sido doblar las penas de cárcel que se establecieron hace un año al empresario Tomás Olivo, para el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara y al ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate. Así, ha elevado de siete a 15 meses los castigos de prisión para el ex primer edil y el ex concejal de Armilla, imponiéndoles además duras penas de inhabilitación: ni uno ni otro podrán ser concejal o alcalde durante los próximos ocho años y medio.

Para el empresario, dueño de General de Galerías Comerciales S.A., el tribunal impone igualmente 15 meses de prisión, un período en el que asimismo estará inhabilitado para ejercer su profesión de promotor inmobiliario. Además, tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.

En cuanto a los delitos, no hay cambios, ya que la Audiencia coincide con el juez que enjuició el caso, el magistrado Antonio Aguilera (Penal 3), en que el ex regidor y los munícipes cometieron un delito de prevaricación urbanística, al votar a favor de otorgar la licencia al promotor pese a existir informes negativos. El 'pecado' cometido por Olivo fue, en su caso, ocupar con ladrillos y cemento suelo que estaba destinado a zonas verdes, esto es, cometer un delito urbanístico o contra la ordenación del territorio.

Y es en este punto donde la Audiencia también agrava la condena, ya que añade otros mil metros cuadrados a la superficie construida ilegalmente que las máquinas deberían de tirar. Se trata de la parte del edificio que ha invadido "el camino viejo de Alhendín" y que habría que derribar salvo que, como advierte el magistrado ponente de la resolución, Pedro Ramos, "en ejecución de sentencia sean compensados estos metros con otros de los terrenos adyacentes". Cabe recordar en este punto que el juez Aguilera ya dispuso que se demolieran 1.446 metros cuadrados de la esquina suroeste del centro para que allí se ubiquen los jardines previstos, demolición que no revoca la Audiencia y que, por tanto, se tendrá que llevar a cabo.

Así las cosas, el mapa del Nevada, en principio, no sufriría más cambios que los que ya dispuso el juez en primera instancia y los que acuerden promotor, Junta y Ayuntamiento de Armilla para legalizar completamente el edificio una vez se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa, donde existe otro frente judicial abierto por la licencia concedida.

Lo que sí cambia, o mejor dicho, se amplia es, como se ha dicho antes, el listado de culpables, con la inclusión de Miguel Ángel Porcel, Dina Romero, José Pérez y Francisco de Sales Ocaña. A ellos, la Audiencia los considera tan autores del delito de prevaricación como a Morales y Cañavate, pues participaron y votaron en el mismo acto por el que éstos fueron condenados: la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2005, en la que se dio luz verde a la construcción del Nevada pese a no contar con el informe jurídico preceptivo -desapareció del expediente- y existir otros en sentido desfavorable. La pena para ellos es menor: el tribunal los condena a 8 meses de prisión y 8 años de inhabilitación. Según el fallo, su actuación "infringió las más elementales normas" que debían observar como miembros de un órgano de ese tipo, ya que "no deben limitarse a votar, sino que su obligación es cerciorarse que sus decisiones se ajusten a la legalidad, máxime cuando hay reparos por los técnicos".

Tras la decisión de la Audiencia, todo apunta a que pronto regresarán a sus puestos de trabajo -la obra está paralizada desde el 26 de abril de 2007- los obreros del Nevada, pues la sentencia es firme y pone fin al proceso judicial en la vía penal. Sólo podrían ahora los acusados acudir al Constitucional en caso de que consideren vulnerado algún derecho fundamental.

El caso Nevada fue investigado por el juez de Instrucción 6 de la capital,Miguel Ángel del Arco, tras la denuncia que formuló a principios de 2007 la Fiscalía del TSJA contra los tres principales culpables. Fue el PP quien le comunicó sus sospechas de posibles irregularides en la tramitación y construcción del edificio. El juicio sentó hace un año a un total de 11 personas en el banquillo: las siete que han resultado condenadas y otras cuatro (un abogado, una letrada de la Diputación y dos arquitectos), cuyas absoluciones ha confirmado también la Audiencia.

El tribunal de la Sección Primera, en su extensa resolución -de 114 páginas-, desestima todos los recursos de las defensas y estima parcialmente los que interpusieron las acusaciones: el fiscal del caso, Valentín Ruiz; el letrado del PP, Javier López García de la Serrana; y los abogados de Los Verdes, y de Adobe (Arquitectura y compromiso social) y Ecologistas en Acción, Rosa Gil y José Antonio García Cabrera, respectivamente.

Las fuentes consultadas indicaron que ninguno de los condenados tiene antecedentes penales, por lo que al ser las penas inferiores a dos años de cárcel, en principio, nadie será encarcelado, ya que todos cumplen los requisitos para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Olivo es quizás quien tendría mayor riesgo potencial de pisar el presidio, pues está pendiente de la resolución del caso Malaya.

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