Granada

Los bancos embargan 5.672 casas y 3.108 familias han sido desahuciadas

  • La crisis ha provocado desde el año 2008 hasta junio de 2011 otros 25.547 embargos de bienes patrimoniales, nóminas y saldos bancarios · La devastación se ceba con las mujeres con niños a su cargo

Los bancos han embargado desde que en 2008 se torció la coyuntura económica 5.672 viviendas en la provincia de Granada por impago de la hipoteca. Para comprender la dimensión de este fenómeno sólo hay que imaginar que todas y cada una de las casas de los vecinos de un municipio como Cúllar Vega quedaran de la noche a la mañana en manos de entidades financieras. El embargo es sólo el primer paso en la cadena de la desesperación de las familias. Primero se produce la ejecución hipotecaria y después el lanzamiento a la calle de la familia que ocupa la vivienda. En los últimos tres años y medio se han producido en la provincia 3.108 desahucios. Si, de acuerdo con las estadísticas que habitualmente utilizan los urbanistas, cada casa cuenta con una media de 2,3 residentes, alrededor de 7.000 personas han perdido su hogar en Granada. Esto es como si todos los vecinos de Iznalloz hubieran sido expulsados de sus viviendas por no pagar el recibo de la hipoteca o del alquiler.

Los datos manejados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar el impacto de la crisis en los juzgados y actualizados hasta junio de 2011, van todavía más allá. No sólo ha habido familias que se han visto en la calle o que están sujetas a la ejecución de sus hipotecas, hay otras 25.547 que sufren embargos (de nóminas, saldos bancarios, casas, coches y demás activos patrimoniales). Esto es como si aproximadamente la mitad de los residentes en Motril tuvieran un embargo sobre sus espaldas. Los efectos de la crisis económica en las familias han alcanzado cotas desconocidas y, por el momento, no hay visos de que la tormenta vaya a amainar. En 2008 se produjeron en Granada 582 desahucios, una cifra que creció al año siguiente (706) y casi se duplicó en 2010, hasta alcanzar los 917.

Los dos primeros trimestres de este año conservan este ritmo con 903 lanzamientos, una cifra que casi iguala al total registrado el año pasado. Es decir, cada mes son expulsadas de sus casas unas 150 familias por impago. Desde que empezó el año ha tenido lugar cada trimestre cerca de medio millar de lanzamientos, mientras que en los primeros tres meses de 2008, cuando la crisis todavía no había concluido la devastación de las economías familiares apenas llegaban a 150. La evolución de las ejecuciones hipotecarias sigue a velocidad de crucero desde hace dos años y medio. Sólo hay que tener en cuenta que entre abril y junio de este año se han registrado 450 y desde enero a marzo otros 453.

En cuanto a los embargos inmobiliarios por no afrontar la hipoteca, en el primer trimestre se han registrado 489 procedimientos de ejecución hipotecaria y en el segundo 449, cifras muy similares a las que arrojaron los mismos periodos del año pasado. De hecho, 2010 concluyó con 1.937 casos y, de seguir el ritmo actual, este año se cerraría con una cifra similar.

El único fenómeno nuevo que se ha vivido desde que comenzó la crisis a hacer estragos en las familias reside en que los desahucios empiezan a abandonar las tinieblas de los números y las estadísticas para cobrar rostro y convertirse en un problema que alcanza a las clases medias y se ceba con las mujeres separadas al cargo de menores. Ahí reside, precisamente el éxito que se han anotado las concentraciones contra los desahucios promovidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Movimiento 15-M. Estas organizaciones han puesto cara y nombre a las víctimas.

Las administraciones no tienen ningún sistema de seguimiento que mida el impacto del desempleo y la crisis económica en las familias. No se sabe cuántas se quedan sin casa y cuántas sujetas a embargos de bienes ni qué pasa con ellas ni quienes son. De hecho, los únicos datos fiables que hay los maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno de los Jueces, que tiene al día esta estadísticas pero para medir la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales. Tampoco existen programas sociales específicos para atender a desahuciados y embargados. Por el momento, las redes familiares son las únicas que amortiguan los golpes.

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