Cuando el caso estaba siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Granada, se unió al expediente un documento en el que el gurú, Antonio Javier Ruiz Plazas, daba a una de sus acólitas una serie de llamativas instrucciones sobre cómo debía de actuar y comportarse en la Casa Yoga de Armilla. En el manuscrito, que según las fuentes consultadas el imputado reconoció como suyo durante su declaración judicial, se establece un "protocolo de ocupación continua de 24 horas", así como otros protocolos de tiempo, de permiso de acceso a las estancias y de modo de ausentarse.

El escrito fue definido por el gurú como "un recordatorio personal que realiza a una persona a la que se le concedió una beca personal". La persona en cuestión es una mujer que colaboró con él "como si fuera una secretaria" y su beca consistió en sufragarle parte de los gastos de un viaje a la India. El imputado tildó así el documento de "un acuerdo excepcional con dicha persona para recordarle sus obligaciones respecto del declarante". Dichas obligaciones consistían, por ejemplo, en que debía de conseguir su "SÍ" o "NO" directamente de él.

"No puede mi asistenta/ayudante/secretaria/ preguntarme por SMS-CHAT-SKUP-TELÉFONO u otro medio (incluyendo transmisión a través de persona alguna). Debe de preguntarme de viva voz y en persona", agrega el texto.

En cuanto a la actuación de la referida mujer en la Casa Yoga, debía de estar ocupada en lo que estimase el gurú o los demás superiores, y no podía ausentarse de la casa sin el permiso del imputado. "En caso de no poder comunicarse conmigo directamente, no podrá comunicarse por ningún otro medio y no podrá ausentarse", añade el documento.

Para acceder al GD (el GD, por lo que se dice en el papel, parece que se trata de la estancia de la casa donde se encuentran el gurú y otros superiores de la organización) existía un código en el que se usaban pañuelos. "Podrás subir sin preguntar sólo cuando esté el pañuelo amarillo o blanco. Cuando esté el rojo, deberás de preguntar a algún miembro del GD", explica el manuscrito.

En cuanto a las tareas a realizar, el imputado señala en el documento que "cuando no te ocupe directamente (...) deberá de estar ocupada o directamente por el GD o por la GK o por sí misma en tareas de trabajo para mí, GD, GK, en este orden".

Fue el 5 de enero de este año cuando la Fiscalía llevó a los tribunales a Antonio Javier Ruiz como responsable de la comunidad, que lleva funcionando desde los años 80. Según indicaba en su denuncia, éste, "utilizando técnicas de persuasión coercitiva en el grupo, ha conseguido el control y la alteración de la personalidad de quienes en cada momento forman y han formado parte integrante de la comunidad, ocasionando a cada uno de ellos graves trastornos psicológicos". Para el Ministerio Fiscal, el gurú ha realizado actos tendentes a "anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad", y todo ello "con la finalidad de obtener y obteniendo numerosos beneficios de carácter personal, sexual y económico".

Tras saltar la noticia, la comunidad religiosa compareció ante los medios para negar todas y cada una de las acusaciones. Sus responsables afirmaron que la orden está "avalada" por el Gobierno de la India y que "nunca" ha sido denunciada por nada, ya que cada miembro es libre para actuar y decidir cómo proceder dentro de la organización.