La medida no es una propuesta ni una iniciativa municipal, es un Decreto Ley impuesto por el Gobierno central que hay que cumplir sí o sí. Esta es la primera idea que quiere dejar clara el responsable de la Concejalía de Economía, Francisco Ledesma, para explicar la subida del 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles que se aplicará este año a todos los ciudadanos, ya tengan un chalé de lujo o un apartamento de una habitación.

En realidad, no será un 10% sino un 13,6% el incremento total que sufrirán los contribuyentes, ya que al nuevo porcentaje impuesto por el Gobierno hay que sumarle el 3,6% -correspondiente al IPC- que el Ayuntamiento iba a subir inicialmente y que se aprobó en las ordenanzas fiscales, en pleno y ya se encuentra reflejado en el BOP.

"A nadie le gusta que le suban los impuestos pero esta es la carga que tenemos que sufrir todos los ciudadanos después de una gestión nefasta del anterior Gobierno", argumenta Ledesma, quien añade que en tiempos difíciles hay que tomar medidas excepcionales, aunque sean impopulares.

El concejal señala que, si no se hubieran falseado las cuentas ni el déficit real, nada de esto hubiera pasado y recuerda dos cosas. La primera, que la medida pretende dar un balón de oxígeno a los gobiernos locales que son los que trabajan directamente con los ciudadanos. Y que, cuando la situación económica general mejore, los impuestos también se podrán revisar a la baja.

El que la medida va a suponer cierto respiro a los consistorios es cierto, tanto es así que los 58 millones de euros que tenían previsto recaudar en la capital por dicho impuesto para el 2012 se elevarán a 63,8; 5,6 millones más derechos no reconocidos en el presupuesto municipal que serán un colchón de apoyo para las arcas municipales.

Aunque al principio se dijo que el decreto afectaba a los propietarios de viviendas más costosas, no es así. La medida se aplicará de manera distinta dependiendo de cada casuística. Los ayuntamientos que tuvieran revisado el catastro con anterioridad a 2002 sólo tendrán que aplicar el 10% a las viviendas que se encuentran por encima del 50% de la valoración catastral media. Los que no lo tenían actualizado, caso del de Granada que mantiene los datos de 1997, tendrá que aplicar la medida de manera generalizada -excepto los propietarios de solares denominados de tipo M, que ya tienen el tipo impositivo más alto (1,3%)-.

Al respecto, Ledesma considera que "hasta hemos tenido suerte al no tener revisado el catastro, básicamente, porque ya que veíamos venir lo que se iba a venir encima". El edil explica que dicha revisión hubiese supuesto una subida total del recibo que podría haber llegado al 30% " ya que el valor de la vivienda ha subido mucho en los últimos años y con los datos actualizados, hubiera sido algo insoportable en estos tiempos".

Y es más, aún sin querer desmerecer el importante aumento, recuerda que podría haber sido peor ya que, según el Plan de Saneamiento y Reequilibrio Económico aprobado por la Junta, el IBI podría haber subido hasta un 6%, por lo que el incremento hubiera sido del 16%.