Granada

El Ayuntamiento nombra Defensor a un funcionario para ahorrar costes

  • Proponen a Manuel Martín, antiguo coordinador del Área de Bienestar

Después de casi cinco años de trabajo, Melchor Saiz-Pardo Rubio dejará de ser el Defensor del Ciudadano en Granada. Su contrato llegó a su fin el pasado día 26 diciembre y el equipo de Gobierno ha optado por no renovarlo, entre otras razones, porque quiere darle un giro a la oficina y recortar gastos también en ese área. Su cargo estará en manos del que fuera ex-coordinador del Área de Bienestar Social durante la gestión de Ana López Andújar, Manuel Martín.

Tal y como anunción el portavos del equipo de Gobierno, Juan García Montero, Manuel Martín "es funcionario de la casa y cuenta con una avalada trayectoria dentro del área de Bienestar Social". El portavoz aseguró que al ser funcionario su incorporación no supodría gasto extra alguno -como sí ocurría con Saiz-Pardo- algo que, evidentemente, ahorrará costes al Ayuntamiento. No en vano, el gabinete de atención ciudadana costaba anualmente a las arcas municipales unos 150.000 euros.

El portavoz del equipo de Gobierno no concretó qué va a ocurrir con el resto de trabajadores de la oficina, entre ellos una asesora técnica-jurídica, una secretaria y varios asesores. "Nosotros hemos lanzado la propuesta en la junta de portavoces de cara a la celebración del pleno de este mes, pero aún no sabemos qué respuesta obtendremos".

Según explicó García Montero, los grupos de la oposición se comprometieron a valorarla así como el propio protagonista, que se enfrentaría a una nueva etapa profesional dentro del Consistorio.

El deseo del equipo de Gobierno es lograr, como ocurrió con sus antecesores, el consenso entre todos los grupos; "Básicamente porque el Defensor y su oficina deben ser el ejemplo de la objetividad y cercanía con el ciudadano, lejos de conflictos políticos ni interferencias de otro tipo", declaró.

García Montero insistió en el perfil social de Martín y en lo adecuado de su formación para tratar los temas que se abarcan en la Oficina del Defensor.

150.000

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