Granada

El ajuste de Rajoy podría dejar en la calle a 2.600 profesores de Granada

  • Los más de 1.300 interinos que trabajan en Primaria y Secundaria en la provincia y los 1.275 docentes laborales de la Universidad se verán afectados el próximo curso por el último recorte del Gobierno

A cuentagotas se va vislumbrando cómo afectarán a las aulas granadinas el gran ajuste presupuestario que prepara el Gobierno en materia de Educación. Para conseguir reducir un 21,9% de los fondos designados para esta cartera, unos 3.000 millones de euros, no hay duda de que se tocará la partida más costosa de todas, la de Personal, que se come al año alrededor del 75% del total. Y, dado que los sueldos de los funcionarios ya se han congelado, los afectados serán los docentes y el personal de administración y servicios (PAS) que trabaja en los centros educativos con un contrato laboral (no fijo).

En el caso de Primaria y Secundaria, son entre 1.300 y 1.500 profesores interinos los que están dando clases este curso en Granada, según una estimación del presidente del sector de Enseñanza del sindicato CSI.F, Germán Girela. Y en la Universidad de Granada, Ustea cifra en unos 1.275 docentes no funcionarios, además de 1.500 del PAS, los que podrían verse en la calle por culpa de los recortes. En total unos 2.600.

Para asegurar la cobertura de la enseñanza pública, las comunidades autonómas se verán obligadas a aumentar la ratio de estudiantes por aula e incrementar el número de horas que imparte su profesorado, lo que supondría un claro retroceso social.

Para subir un 20% la ratio en los centros granadinos, habría que pasar de 25 niños por aula como máximo en las escuelas y 30 en los institutos a 30 y 42, respectivamente. "Eso sería una medida muy precipitada que incumpliría los límites establecidos por ley -advierte Girela-. Además, en este país tenemos alumnos muy heterogéneos que precisan una atención especializada".

CSI.F considera que el aumento de la ratio generaría un gran problema en Andalucía, pues las aulas están ya muy ajustadas y volveríamos a hacinar a los alumnos.

Respecto al aumento de las horas de clase que imparte el profesorado, la propuesta del ministro de Educación, José Ignacio Wert, es que las jornadas laborales pasen de 35 a 37,5 horas semanales. Actualmente los maestros de Primaria tienen 30 horas semanales de permanencia en el centro, 25 de ellas lectivas, y otras cinco que completan con la preparación de clases y exámenes en casa además de las actividades extraescolares. Mientras que los de Secundaria tienen por contrato 25 horas de permanencia en el centro, de 18 a 21 lectivas, y otras diez en casa o extraescolares.

Entre ambas medidas se buscará el ahorro, pero no hay que olvidar que todos los años se jubilan docentes y que la población tiene un incremento vegetativo que hay que cubrir.

A 31 de diciembre se jubilaron en Granada 290 maestros de Primaria y 191 de Secundaria que, unido al aumento de población, suman un total de 538 docentes los que hay que cubrir para el próximo curso.

La Junta ha calculado en unos 15.000 docentes los que podrían ser despedidos en la comunidad, de ahí que el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, lanzara la primera crítica. "No me siento identificado con un país que recorta un 8,8% en Defensa y un 22% en Educación. Es más fácil despedir a profesores que eliminar el gasto en armamento", dijo.

El recorte en las universidades será mucho mayor que en la enseñanza reglada. Hasta un 62,5% ha estimado Ustea que se reducirá el presupuesto. Es decir, si en 2011 se destinó 400 millones, en 2012 deberá recortarse a 150.

En la UGR hay unos 1.275 profesores y personal de investigación que no son funcionarios y que verán, por tanto, peligrar su trabajo con el ajuste. En otras universidades, como la de Sevilla, el Rectorado ya ha anunciado que está estudiando caso por caso de los profesores asociados cuyos contratos se extinguen a partir del 31 de septiembre.

Sin embargo, todavía queda mucho por concretar. Una reducción de los fondos tan duras como el anunciado precisará también de un aumento de las tasas y los precios públicos; una reducción en el número de becas y en su cuantía (se habla del 42% en el programa Erasmus); una limitación casi total de las mejoras en infraestructuras y en equipación de aulas; y un parón en la dotación de nuevas tecnologías.

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