Es el eterno problema que se oye en cada toma de posesión, en cada debate del estado de la ciudad y en cada pleno municipal: el Ayuntamiento no puede seguir asumiendo servicios que no son de su competencia. La queja se entiende mejor si se traduce a cifras. De los 292 millones de presupuesto que maneja el Ayuntamiento, en torno al 26% (75.920.000 euros) van destinados a pagar servicios que correponden a otras administraciones, principalmente Junta de Andalucía. Dentro de este 26% la mayor cuantía del presupuesto (30%) se destina a gastos de seguridad, seguidos de la cultura (25%), los servicios sociales (12%) y otros servicios comunitarios (8%). Son las llamadas competencias impropias.

En ese desordenado cúmulo de actividades con el que se ha cargado a los ayuntamientos se incluyen servicios de lo más variopintos: políticas de cooperación al desarrollo, campañas de sensibilización por la igualdad, políticas de inmigración, oficinas de información juvenil, formación de mesas electorales, señalización de colegios, servicio de asistencia a domicilio y hasta el bono bus de los pensionistas, partida esta última que se lleva casi dos millones de euros al año.

Más datos. Las políticas de igualdad de género le cuestan al Ayuntamiento 306.467 euros al año, el mantenimiento de las escuelas municipales 1.941.701 euros, los conserjes de los colegios públicos 212.160 euros, la calefacción de los citados colegios 350.000 euros, las actividades culturales 1.529.420 euros y la teleasistencia domiciliaria 549.946 euros.

La cercanía de la institución municipal con los ciudadanos ha hecho que, año tras año, las comunidades autónomas hayan ido cargando a los ayuntamientos con una pesada losa de competencias que, sin embargo, no ha venido acompañada de la pertinente financiación, lo que en esta época de crisis supone la asfixia de muchos ayuntamientos. De ahí que la realidad municipal se enfrente en los próximos años al mayor desafío de toda su historia reciente, el de su redefinición.

"Nuestros ayuntamientos han visto reducidos en los últimos años sus ingresos mientras se incrementaban sus gastos, lo que ha dañado su estructura presupuestaria, colocándolos en situaciones de impago en muchos casos", explica el concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Francisco Ledesma, quien aboga por acometer una reorganización que pasa, como punto de partida, por una amplia reforma de la Administración local.

Para el concejal de Economía, el origen del problema radica en la falta de claridad y concreción en la determinación de las responsabilidades de gastos locales (qué servicios deben prestar y qué nivel de prestación) y de su financión.

"Ahora más que nunca es necesaria una reforma del ámbito competencial de la administración local a través de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y, posteriormente y para garantizar su financiación futura, se debería modificar también la Ley de Haciendas Locales", añade Ledesma.

Esta revisión debería descansar sobre tres puntos: un mapa de Granada con las necesidades demográficas, económicas y sociales orientado a la prestación de servicios a los ciudadados y que evite el solapamiento de competencias entre las diferentes administraciones; la atribución de un elenco cerrado de competencias que garanticen la suficiencia financiera de los ayuntamientos y la eliminación de la actual proliferación de entidades locales.

En este escenario habría que reivindicar también el papel de las diputaciones y, lejos de desaparecer, se plantea su refuerzo. "Tienen que asumir un papel más potente que el que tienen en la actualidad, con más músculo técnico y financiero", apunta el concejal de Economía.

Pero, si se eliminan todas estas competencias impropias, ¿qué le queda al Ayuntamiento para gestionar? La respuesta se recoge en el informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde se establecen 24 competencias básicas a las que debería limitarse la gestión municipal, entre las que se encuentra el tráfico, la rehabilitación de edificios, la disciplina urbanística o el padrón de habitantes.

Eso sí, si se sacan del presupuesto actividades de organización local, habrá aplicaciones y partidas que el Ayuntamiento dejará de percibir.