La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a un total de seis años de prisión y multas de casi 25.000 euros a un hombre de 32 años y nacionalidad brasileña por explotar a dos prostitutas y amenazarlas con denunciarlas si no cumplían con sus instrucciones, por la comisión de dos delitos relativos a la prostitución y otro contra la salud pública, ya que también se dedicaba a la venta de cocaína desde su vivienda.

Asimismo, el tribunal decreta el comiso de los casi 46.000 euros que tenía de saldo en su cuenta y que se atribuyen a los ingresos que obtenía de sus negocios ilícitos, de otros 500 euros que se hallaron en su vivienda, y de los dos vehículos que utilizaba para trasladar a las mujeres a los domicilios en los que realizaban sus servicios.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso, el procesado, de iniciales R.G.D.S., conoció en el último trimestre del año de 2009 a dos mujeres, también brasileñas, que estaban en situación de precariedad económica y de manera irregular en el país, lo que disminuía sus posibilidades de encontrar un trabajo para subvenir a sus necesidades.

"Sabedor de su situación y de la facilidad para conseguir un acuerdo a su favor", les propuso trabajar para él ejerciendo la prostitución en un piso que tenía alquilado en la localidad granadina de Armilla, con el "objetivo directo" de obtener beneficios económicos a costa de su actividad, y siempre bajo su dependencia.

Desde un principio, el inculpado fijó "unilateralmente" las condiciones de la actividad a desarrollar, como los precios de los servicios que él mismo imponía: 100 euros por servicio sexual de una hora, 50 por media hora, y entre 30 y 40 por 20 minutos. En cualquier caso, siempre les exigía la entrega del 50 por ciento de los beneficios, de 30 a 50 euros semanales por el alojamiento en la vivienda, la parte proporcional de la comida, y 30 euros en concepto de publicidad, puesto que se encargaba de redactar anuncios en distintas páginas web.

Además, según los magistrados, mantenía el control de la actividad desarrollada, estableciendo "gravosas condiciones". Ellas solo disfrutaban de un día de descanso y tenían que pagar multas de 30 euros si se negaban a maquillarse o a prestar servicios o permanecían fuera de la vivienda más de un tiempo determinado.

El acusado llegó también a instalar, escondida en un mueble del salón, una cámara que apuntaba a las entradas de las habitaciones de la vivienda en la que trabajaban, de manera que lograba controlar a los clientes que accedían al piso "con el fin de llevar un recuento para establecer lo que cada una de las mujeres estaban obligadas a pagarle".

Cuando las mujeres se mostraban reticentes a cumplir sus condiciones, R.G.D.S. las presionaba amenazándolas con que las denunciaría a la Policía por no tener papeles o les decía que enviaría "a unos rumanos para que les partieran las piernas". Las mujeres trabajaron bajo sus instrucciones durante unos meses, hasta que se decidieron a dejar el piso de Armilla y denunciar los hechos el pasado 12 de mayo de 2011.

La denuncia dio lugar a registros de la Policía y la Guardia Civil en los pisos que poseía el acusado, donde los investigadores hallaron a tres mujeres y a un hombre que habían llegado el día anterior para ejercer la prostitución, además de teléfonos móviles, una cámara de vigilancia y cocaína.