El Juzgado de lo Penal número 6 de la capital será el órgano encargado de enjuiciar al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Luis Gerardo García-Royo (PP) y al resto de los acusados por, presuntamente, haber cometido un delito de prevaricación urbanística en la tramitación del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena, donde estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El expediente de la presunta trama del Palacio de Hielo ha sido remitido a este órgano de la capital para su enjuiciamiento después de que la jueza que ha investigado el caso, la magistrada de Instrucción 3, haya decretado la apertura de juicio oral. De este modo, ahora, el juzgado penal, cuyo titular es Ernesto Carlos Manzano, habrá de señalar la fecha en la que los encausados, que se enfrentan a penas de inhabilitación de 8 años, tengan que dar las explicaciones oportunas ante la Justicia.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de inhabilitación tanto para García-Royo, edil de Urbanismo en el primer mandato de Torres Hurtado, como para el entonces responsable de la Gerencia, Manuel Lorente.

También acusa a tres técnicos municipales, y pide la misma pena para algunos de los principales promotores urbanísticos de la ciudad (José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta), a quienes ve "coautores" del supuesto delito de prevaricación. El Ministerio Público ha solicitado también que se declare la nulidad del parcial del plan y la nulidad total del plan de reparcelación subsiguiente.

Según la Fiscalía, el Ayuntamiento habría llevado a cabo esta operación urbanística supuestamente irregular "con la finalidad de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias de los terrenos del plan parcial", que eran JJ Consulting, Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada. Dichas empresas, según el fiscal, también "obtendrían beneficio de dicha operación al aumentar la edificabilidad de los terrenos".

Así, en marzo de 2005, se dictó por el concejal de Urbanismo García-Royo "a instancias del Servicio de Gestión y Patrimonio Municipal, visado por el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, "una aprobación inicial de convenio para el planeamiento y gestión urbanística del sector".

En junio de ese año, los propietarios de los terrenos anunciaron su voluntad de suscribir dicho convenio y "adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales y excesos de aprovechamientos no atribuibles a otros propietarios". En septiembre, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno y días después se firmó el acuerdo entre el Ayuntamiento y los representantes legales de las empresas promotoras.

"Siguiendo el objetivo trazado -continúa el relato del fiscal- se contenía en el convenio la previsión del compromiso de la Administración municipal de transmitir a la Junta de Compensación, a cambio de su pago en metálico, el aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos propiedad del Ayuntamiento en los sistemas generales adscritos, así como los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios". Todo ello fue siguiendo su trámite administrativo.

Mientras tanto, se constituyó la Junta de Compensación, y "pese a la constancia de que en el sector se hallaban incluidos terrenos propiedad del Ministerio de Fomento y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ambas partes no fueron convocadas. Por tanto, se incluyeron en el sector "para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad, terrenos que no son propiedad del Ayuntamiento o no generan aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público". En total, calcula el fiscal, fueron 33.497, 2 metros.

En su calificación provisional, el fiscal pide además que se archive la causa contra dos de los imputados: Federico Hita -responsable en aquel entonces de Caja Rural de Granada- y un arquitecto. En el procedimiento también es parte acusadora la Abogacía del Estado por la presunta ocupación irregular de suelo público.