Los comerciantes tradicionales no son los únicos que rechazan la libertad horaria que quiere imponer el Gobierno central a las áreas de más afluencia de visitantes de 14 ciudades turísticas, entre ellas Granada. Ni la Junta de Andalucía -que tiene mucho que decir, puesto que será la encargada de aprobar la propuesta de zona de gran afluencia turística que le remita el Ayuntamiento-, ni los sindicatos, ni las organizaciones de consumidores están a favor de una iniciativa que supondría, entre otras cuestiones, dar total libertad horaria a los comercios del centro de la capital; ampliar de ocho a diez los domingos y festivos en los que pueden abrir las tiendas; y elevar de 72 a 90 horas el horario de apertura del conjunto de los establecimientos comerciales.

Cada uno esgrime sus propios motivos, pero todos coinciden en que difícilmente la propuesta de la Secretaría de Comercio puede contribuir a la reactivación del consumo y a la generación de empleo.

Aunque no fuera tan tajante como en Cataluña -donde la Generalitat ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno decide modificar la Ley 1/2004-, la postura de la Junta de Andalucía es inequívoca. El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, manifestó ayer su "rechazo" a las medidas anunciadas por el Ejecutivo y alertó de que la decisión tendrá "un impacto negativo" sobre las pymes del sector y el empleo. Así que, de crear nuevos puestos de trabajo nada, según la administración autonómica.

Rodríguez defendió el modelo andaluz en lo que respecta a los horarios comerciales -que autoriza la apertura de un máximo de ocho festivos y domingos al año y de 72 horas semanales, y da libertad horaria a los locales de menos de 300 metros cuadrados-, y recordó que está "basado en el consenso con los agentes socioeconómicos". Según el consejero, la regulación actual en la comunidad autónoma "permite el equilibrio entre todos los formatos". Algo que no se lograría con el nuevo modelo que quiere imponer el Gobierno central, que además "no aumenta el consumo, sino que traslada las compras del comercio de proximidad hacia los grandes distribuidores".

La organización de consumidores Facua Granada también se opone tajantemente a la libertad horaria comercial. Y no sólo porque "provocaría el cierre de pequeños y medianos comercios", sino porque duda mucho de las ventajas que puede tener para los propios usuarios. "A largo plazo, este cambio de modelo impediría a los consumidores el acceso a otras fórmulas comerciales que no fueran grandes superficies", indicaron desde Facua, que recordaron que por muchas horas que abran los comercios, "la capacidad económica de los consumidores será la misma".

Los sindicatos UGT y CCOO tampoco ven cómo la libertad horaria puede contribuir a la creación de empleo. El secretario de la Federación de Comercio de UGT de Granada, José Garzón, indicó que al proponer esta reforma el Gobierno sólo está pensando en "las grandes marcas y las grandes superficies", mientras que perjudica al pequeño comercio, "que es el que crea empleo".

Porque el comercio tradicional no tiene capacidad para afrontar la apertura de todos los domingos y festivos y para ampliar el horario comercial, y las grandes superficies lo harán a base de "mover a sus plantilla", perjudicando aún más si cabe "la conciliación de la vida laboral y familiar".

Garzón también dudó sobre sus efectos positivos para el turismo. "Quien venga de fuera no viene a comprarse unos pantalones. Y quienes quieran comprar artesanía lo hará en el pequeño comercio, que ya puede abrir los domingos", explicó. "Desde UGT no vemos ningún beneficio en la libertad horaria y sí mucho perjuicio al trabajador y a los comerciantes".

El secretario de Turismo y Comercio de CCOO en Andalucía, Gonzalo Fuentes, fue más allá y pidió ayer al Gobierno andaluz que "haga frente" a esta propuesta del Ejecutivo central, que "invade competencias" de la comunidad autónoma y que está motivada por el descenso de ventas que han sufrido las grandes superficies, que buscan ampliar sus horarios para lograr un "traspaso" del consumo de los pequeños comercios.

Quien por el momento no toma postura es el Ayuntamiento de Granada. Ayer, la concejal de Comercio, María Francés, explicó que antes de valorar la propuesta del Gobierno el Consistorio tiene que "ver en qué condiciones viene la ley". Francés, que aseguró que desde el Consistorio se intentará apoyar al comercio tradicional -que se ha mostrado totalmente en contra de la medida-, admitió que, cuando se concrete, el cambio en la regulación podría contribuir a cambiar la mentalidad y a ayudar a la ciudad a abrirse más al turista.