El ex alcalde de Gójar y diputado provincial del PP Francisco Javier Maldonado vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. Esta vez por, presuntamente, haber permitido a una familia del pueblo realizar varias edificaciones ilegales en el paraje Cañada de la Grama, un terreno no urbanizable con una calificación de protección especial por razones paisajísticas. El fiscal solicita para el ex regidor 4 años de prisión, así como 11 años y medio de inhabilitación por tres delitos, por los que plantea no obstante también otras penas menores alternativas.

Los delitos que el Ministerio Público imputa al ex primer edil son prevaricación urbanística, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal sostiene que Maldonado, pese a conocer en 2005 a través del Seprona de la Guardia Civil que se estaban levantando edificaciones ilegales en el citado paraje, "en lugar de proceder conforme a su deber legal", no realizó ninguna actuación.

La acusación pública asegura que el ex alcalde llegó incluso a conceder una prórroga de licencia para construir una casa de aperos a dos de los miembros de la familia en cuestión, cuando "ya le había sido puesto de manifiesto por la Guardia Civil y un técnico municipal que estaban construyendo una verdadera vivienda ilegal y que la parcela había sido segregada de facto en contra de las normas urbanísticas vigentes".

El fiscal dirige por ello también su acusación contra la citada familia: cuatro hermanos que se convirtieron en copropietarios de 39.108 metros cuadrados de suelo en el mencionado paraje al fallecer sus padres. Asimismo, incluye en su lista a la hija de uno de ellos y su esposo, M.S.D.J. y F.J.T.M., a quienes se les cedió una porción de terreno de unos 2.000 metros.

En su escrito, a través del que solicita la apertura de juicio oral, el Ministerio Público recuerda que el PGOU de Gójar prohibía la construcción de viviendas unifamiliares en esa finca . Sin embargo, pese a ello, los hermanos C.D.Y., A.D.Y., M.J.D.Y. y M.D.Y. realizaron "clandestinamente" una segregación del terreno en seis porciones.

En estas porciones construyeron varias edificaciones: una vivienda unifamiliar de dos plantas con piscina, dos almacenes de grupos electrógenos, y otras seis obras realizadas en su mayoría con bloques huecos de hormigón, forjado de viguetas y chapas. Según el fiscal, "todas estas obras fueron comenzadas con posterioridad a octubre de 2004 y llevadas a cabo durante 2005, no habiendo finalizado la construcción de algunas de ellas".

A juicio del Ministerio Público, con las obras ejecutadas los acusados "sentaron las bases para constituir clandestinamente una verdadera urbanización ilegal, tras haber parcelado los terrenos y edificado en ellos en contra de las normas urbanísticas vigentes". Por ello, les achaca la posible comisión de un delito continuado de construcción ilegal en suelo protegido por su valor paisajístico.

Para los cuatro hermanos solicita la pena de 2 años de prisión, 3 de inhabilitación y una multa. No obstante, por si no se considerase que el delito fuese continuado, solicita subsidiariamente que los acusados sean condenados por cada una de las construcciones ilegales que levantaron en sus solares. Junto a ello, solicita la demolición de todas las edificaciones ilegales.

Para M.S.D.J. y F.J.T.M. reclama un año de cárcel, dos de inhabilitación y una multa. A esta pareja el fiscal atribuye en concreto la construcción ilegal de una vivienda con piscina en el solar que le fue cedido tras el reparto de la herencia.

Esta no es la única causa que existe en los tribunales contra el ex regidor de Gójar. En el juzgado de Instrucción 1hay otro proceso judicial relacionado con la venta de un solar a una empresa -Cavifer S.L.- de la que era socio su hermano. Recientemente, Maldonado acudió a declarar por esos hechos y negó que conociera la vinculación de su hermano con esa empresa.