Casi 5,6 millones de euros es lo que debe, a día de hoy, la Junta de Andalucía a 16 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que dan atención a los discapacitados y dependientes de la provincia. La denuncia, alta y clara, la realizaron ayer sus representantes frente a la Delegación de Hacienda de Granada, pero se pudo escuchar también en todas las capitales de provincia de Andalucía, donde se reproduce de forma similar la misma injusticia. Los impagos que el Gobierno andaluz mantiene con estas entidades se remontan al mes de abril, lo que significa que llevan ya tres meses "ahorcados", como explicó ayer a este periódico la directora provincial de Feaps, Leonor Enrique de Luna, presente en la concentración ayer en la calle Tablas.

Los afectados son un colectivo de un millar de trabajadores de residencias, centros de día y de atención al empleo que dan cobertura a más de 2.000 usuarios en la provincia de Granada (14.500 en los 540 centros de Andalucía). "Hace apenas una semana nos pagaron marzo, pero nos acaban de decir que no hay dinero para más", dijo la portavoz de Feaps. De hecho, la semana pasada se reunieron con la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, pero "nos dijo que no tienen dinero".

"Necesitamos que nos den una fecha porque tenemos que renegociar con los bancos los préstamos que estamos asumiendo e informar a nuestros trabajadores".

Entre los empleados afectados hay cuidadores, profesores y psicólogos. Además de tres centros en Granada (Hijos de la Cruz Blanca, la Purísima Concepción y Asprogrades), hay entidades afectadas en Huéscar, Benamaurel, Baza, Guadix, La Zubia, Loja, Peligros, Pinos Puente, Dúrcal, Motril, Albuñol, Alfacar, Iznalloz y Albolote.

Por su parte, UGT advirtió ayer de que los impagos a los trabajadores, que en muchos casos asciende a seis meses, está haciendo que el servicio a residentes se esté viendo perjudicado en muchos centros. Según la secretaria de Dependencia de la FSP de UGT Granada, Lola Ocaña, "la espiral de impagos continúa inflándose cada vez más alcanzando a una veintena de empresas". Con todo, recordó que "son las residencias las que tienen la obligación de pagar a los trabajadores" y avisa de que denunciarán los incumplimientos laborales.