Wert se ha definido esta semana como un "toro bravo" porque "se crece con el castigo" en referencia a las críticas que está recibiendo por la gestión que realiza con mano férrea desde que agarró la cartera del Ministerio de Educación. Su última embestida, en relación a esta afirmación fue por el borrador de la Ley Educativa, pero en el sector de la enseñanza universitaria su labor está resultando igual de polémica. Esta próxima semana los rectores de las 50 universidades públicas de España plantearán simultáneamente la misma petición: una financiación "suficiente y sostenible".

La CRUE (Conferencia de Recotres de las Universidades Españolas) ha aprobado un comunicado conjunto en el que denuncia el "deterioro irreparable" en investigación y en docencia. Es la segunda vez que Wert logra poner a todos los rectores de acuerdo, la primera vez fue en mayo, cuando lo plantaron en un acto por negarse a debatir con ellos los recortes.

Desde entonces las universidades españolas han sido un hervidero de voces de estudiantes (los primeros siempre a la hora de protestar), el personal de administración y servicios, y el de docencia e investigación. Estos últimos son los que más se están movilizando estos días en los que se han aplicado las reducciones salariales impuestas por Wert y que la Universidad de Granada ha aplicado de una forma peculiar.

Este pasado lunes y el miércoles, los investigadores de la UGR se han reunido con el rector para tratar el conflicto generado por la reducción de su nómina de diciembre con la aplicación del decreto 20/2012. Aunque ese era el motivo más urgente, en estos encuentros también le transmitieron las dos cuestiones que están de fondo: la preocupación por su promoción y la incertidumbre por estabilización futura, que a día de hoy están en peligro.

El problema reside en que más de 1.200 personas se ven afectadas por las medidas contra el personal de investigación si se tienen en cuenta los ayudantes doctores, pero sólo investigadores hay más de veintitantas categorías. Quizás por eso han tardado tanto en unir sus fuerzas en una voz conjunta que manifieste su descontento y su temor.

En los problemas que conlleva la heterogeneidad coinciden todos: Juan Manuel Jiménez, de 44 años, que es contratado de reincorporación en el último año de contrato; Laura Baena Cobos, de 39 años, técnica de apoyo a infraestructuras científicas y tecnológicas del Ministerio de Economía; Fernando Osuna, de 34 años, que es FPU (Formación Personal Universitario), es decir, que posee una beca del Ministerio de Educación para redactar su tesis mientras colabora con el departamento; y Miguel Ángel del Arco Blanco, también de 34, que es profesor ayudante doctor.

A pesar de la heterogeneidad de contratos, de la procedencia de los fondos con los que se pagan sus nóminas (Ministerio de Educación, Junta, UGR, Gobierno, Europa...), o de las diferentes categorías laborales, todos coinciden en una cosa: "Nos han cambiado las reglas del juego".

Todos aspiraban a una estabilización de su posición y en lugar de la plaza fija que les permitiera seguir investigando e impartir clases, ahora se ven con un pie en la calle en cuanto acaben sus contratos.

"La figura por la que lograríamos esa estabilización sería la de profesor contratado doctor indefinido", cuenta Miguel Ángel del Arco Blanco, para quien el decreto que congelaba la posibilidad de sacar plazas de profesor pinta para todos "un futuro negro". "La solución que nos han dado son contratos temporales, subsidiarios, en precario".

El ayudante doctor explica que el problema que atraviesan viene por los recortes del Gobierno pero también por las decisiones del rectorado de la UGR, que tomó la medida de promover a los catedráticos. "La acreditación para los ayudantes doctores tenía que esperar al último año aunque tuviésemos méritos suficientes mucho antes. Y, ahora, están congeladas nuestras plazas", agrega.

Su contrato termina en septiembre, pero la que tiene ese futuro negro de forma más inminente es Laura. La bióloga especializada en Botánica tendría que pasar a ser personal de investigación en el Herbario de la UGR el 14 de enero. "Después de 15 años trabajando en la Universidad la solución que me han ofrecido es un contrato temporal", se lamenta.

Ella es una de las que ha decidido aceptar la medida 'paliativa' que les ha propuesto la Universidad de Granada para que la nómina de diciembre no se quede reducida a los 200 o 300 euros, pero en los próximos seis meses tendrá que seguir pagando este préstamo con el paro, si no llega el contrato.

Fernando Osuna ha sido otro de los investigadores que ha aceptado esta especie de anticipo de la UGR. "Somos la generación de investigadores más internacionalizada. Publicamos mucho. Impartimos docencia. Hemos pasado continuas evaluaciones porque sufrimos un gran acoso administrativo. Y ahora nos iremos a la calle", cuenta el investigador, quien pasó de cobrar 1.100 euros, a 800 y si ahora no optaba por el adelanto de la UGR, 100 o 200 el próximo mes.

"El problema es que como cobramos tan poco, teníamos todas las pagas extras y complementos prorrogateados. Cuando se anunció la medida, la UGR no la aplicó y ahora nos tienen que quitar todo de golpe", aclara Juan Manuel Jiménez, quien resume el sentir de todos los investigadores: "Se han invertido cientos de millones de euros en nosotros, tanto en sueldo como en material de laboratorio. Lo que se buscaba era una formación de excelencia y si no hay soluciones, todo eso se perderá".

Como otros sectores de la educación en general y de la universidad en particular están tan negros como su futuro y anuncian movilizaciones. "Se está haciendo un censo porque con tantas categorías nos perdemos. Sabemos que habrá una plataforma nacional y otra autonómica, pero aún no sabemos qué haremos", anuncia Juan Manuel, quien no pierde el optimismo y enuncia una frase que todos ratifican: "Todavía esperamos mucho de nuestra Universidad".